Buenos Aires. Tras concluir el viernes pasado el proceso de recepción de ofertas a la propuesta de reestructuración de esos compromisos, la provincia anunció que «el 98% por ciento de todos los acreedores entraron al canje de deuda».
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que «el 98% por ciento de todos los acreedores entraron al canje de deuda, lo cual significa una aceptación universal y unánime de lo que la provincia propuso», lo que «está acorde a nuestra capacidad de pago», y destacó que «hoy estamos resolviendo el problema que generó la exgobernadora María Eugenia Vidal».
Así lo expresó en el transcurso de una conferencia de prensa que brindó en La Plata, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia , Pablo López.
“Es un resultado muy positivo que nos permite recuperar las condiciones para tener una deuda sostenible”, remarcó el ministro, para señalar luego que “en las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de US$ 4.600 millones entre este año y 2027”.
En esta línea, añadió: “Eso nos permite tener espacio para realizar las inversiones en infraestructura social que la provincia tanto necesita, y además del alivio de corto y mediano plazo vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo, al reducir considerablemente el costo promedio de la deuda y estirado sus plazos sustancialmente”.
López replicó luego a la exgobernadora María Eugenia Vidal y resaltó que “no es lo mismo las monedas o los plazos en que se contraen las deudas: durante la gestión anterior se tomaron deudas por más de 5.000 millones en dólares y en euros, mientras la provincia recauda en pesos”.
El funcionario destacó en ese sentido la carga que recayó sobre las arcas bonaerenses tras las “bruscas devaluaciones” de 2018 y 2019, con lo cual el servicio de la deuda en 2020 hubiera alcanzado al 20% de los recursos provinciales; “US$ 5.500 millones hubiéramos tenido que pagar entre 2020 y 2023”, precisó.
Si bien no había un default de la deuda en pesos, agregó López, el vínculo con el mercado local estaba “roto”, y las últimas emisiones del Gobierno anterior se realizaron a tasas de interés de más del 60% y a plazos de 20 días, lo cual era de “extrema fragilidad».
