Ficha Limpia: el oficialismo habilitó el debate en comisión del proyecto impulsado por la oposición

Córdoba. El tratamiento de la iniciativa promovida por el arco opositor se puso en marcha hoy en un plenario de dos comisiones de la Unicameral. El oficialista Cid sumó un proyecto de su autoría para el debate que se viene en el seno parlamentario.

En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General se inició en la mañana de este martes el tratamiento del proyecto de ley que incorpora el requisito de Ficha Limpia al Código Electoral Provincial.

El punto clave de la iniciativa promovida por la oposición gira en torno a la incorporación del artículo 49 bis a la Ley 9.571 (CEP) prohibiendo la candidatura de personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso de distintos delitos. 

En este primer encuentro de manera remota, los legisladores impulsores del proyecto hicieron una presentación acerca de su contenido, con el aporte de algunas propuestas de modificación pero sin entrar a fondo en el debate más técnico de la iniciativa en cuestión.

El legislador Macelo Cossar (Juntos UCR), coautor del proyecto, argumentó que la iniciativa “responde al pedido de la ciudadanía de una mayor ejemplaridad” de la clase política, y puso como ejemplo las leyes de Ficha Limpia que rigen en Mendoza, Salta y Brasil.

El resto de autores se congratuló por el inicio del tratamiento del proyecto, de la voluntad política de debatir la propuesta y la de trabajar por “sacar la mejor ley”. Claro está que esto no hubiera sido posible sin el visto bueno de la bancada de la mayoría oficialista.

El primer paso está dado en cuanto a la habilitación del debate en comisiones, ahora viene un largo camino en acercar posiciones y trabajar en profundidad los aspectos más técnicos que no vulneren garantías constitucionales y sean acorde a la normativa jurídica de la provincia.

En este punto hay varias posiciones con distintas bibliotecas. El proceso de abordaje de dicho expediente demandará su tiempo, aunque la oposición reclame su aprobación en el corto plazo, más aún porque en la comisión que preside el legislador Juan Manuel Cid (Asuntos Constitucionales) la prioridad está puesta en avanzar con la aprobación de una serie de pliegos de nombramiento de jueces y fiscales.

En este plano, el parlamentario de Hacemos por Córdoba propuso a la oposición encarar la dinámica del trabajo en comisión recibiendo a un invitado por vez por el proyecto de Ficha Limpia y, paralelamente, tomar dos entrevistas de rigor a aquellos letrados que esperan ser nombrados en el Poder Judicial entre una serie de pliegos que están en poder de la Unicameral.

Dada la trascendencia del proyecto de Ficha Limpia, los integrantes de la comisión acordaron sumar a próximas reuniones la opinión de referentes del sector académico, jurídico y de otras circunscripciones donde está vigente esta normativa.

Proyecto opositor

La iniciativa lleva la firma de 17 legisladores de la oposición y, en su redacción, especifica los delitos establecidos en el Código Penal en los que no podrán incurrir las personas que quieran ser candidatas: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, delitos contra la seguridad de la Nación, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.

El texto señala también que “la inhabilitación se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Asimismo, establece que los partidos políticos o las alianzas electorales deberán exigir a quienes integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

Cid sumó iniciativa

En el marco de la apertura del debate, el legislador Cid presentó el expediente denominado «Ley de Idoneidad Política» que se incorporará en la agenda del plenario de las dos comisiones que ya tratan Ficha Limpia.

Según la propuesta del oficialista, se debe incorporar el artículo 49 Bis a la Ley 9.571, el que quedará redactado
de la siguiente manera: «No podrán ser candidatos a cargos electivos, las personas que se encuentren
condenadas a penas privativas de la libertad con sentencia firme en cualquier instancia procesal y de cumplimiento efectivo o en suspenso, por delitos» de corrupción; contra la integridad sexual; entre otros delitos que establece la normativa en el caso que se apruebe.

«La inhabilitación prevista en la presente ley, comenzara a partir de la existencia de una sentencia firme y hasta la finalización del efectivo cumplimiento de la pena impuesta en dicha sentencia», especifica el proyecto presentado por Cid, quien aclaró a Agenda 4P que la condena firme se entiende como un fallo firme en cualquier instancia.

A su vez, la iniciativa del integrante de Hacemos por Córdoba también contempla esta prohibición a candidatos a cargos partidarios, lo que hace más abarcativa la potencial norma que será debatida conjuntamente con el proyecto opositor de Ficha Limpia.

En sus fundamentos, Cid hizo hincapié en avanzar en una ley de «Idoneidad Política» que tenga «un resguardo de las garantías constitucionales necesarias para su legalidad y legitimidad». Es por ello que resulta «fundamental y trascendental el respeto al ‘Principio de Inocencia y Libertad ambulatoria en todo Proceso Penal'», señaló.

Desde el vecinalismo pidieron sumar a estas disposiciones contempladas en el artículo 49 Bis de la Ley 9.571 que se propone a funcionarios políticos. Este punto es visto con buenos ojos por algunos parlamentarios, pero en el oficialismo advierten que eso va por otro carril: tiene que ver con legislación administrativa y no electoral. En concreto, son otras leyes las que se deberían modificar.

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