Córdoba. El tema ya se habló en el ámbito de los intendentes radicales. Aquellos de localidades más pequeñas estarían de acuerdo, pero son los jefes comunales de ciudades más grandes los que rechazan esta iniciativa que ya suena en en despachos del peronismo en la Legislatura.
Para que avance la iniciativa en torno a una suspensión de la ley vigente que impide la re-re elección de los intendentes en la provincia hace falta un acuerdo entre oficialismo y oposición. El tema ya suena en la Unicameral, aunque hay promotores y detractores de esta cuestión que implicaría pagar un alto costo político.
En este contexto se busca un planteo más formal de los espacios que nuclean a los intendentes de distinto color político para que la Unicameral analice la posibilidad de pausar la norma vigente y responder a aquellos administradores de gobiernos locales que ven con buenos ojos seguir en sus cargos con más de dos mandatos consecutivos.
Son casi 350 los intendentes -entre peronistas y radicales-, aunque la mayor incidencia se observa en el peronismo, que se ven impedidos de acceder a un tercer mandato consecutivo en el 2023 por la ley vigente sancionada por la Legislatura provincial.
Así lo lo establace la ley 10.406, que reformó el Código Electoral provincial y la Ley Orgánica Municipal, aprobada el 1 de diciembre de 2016 y oficializada el 5 de enero de 2017 con su publicación en el Boletín Oficial.
Esta última norma rige para todos los municipios que no tienen carta orgánica propia. La reforma de hace cinco años al artículo 39 de la ley 8.102 y sus modificatorias establece que «el intendente puede ser reelegido en forma consecutiva sólo por un período. Si ha sido reelecto puede ser nuevamente candidato mediando un intervalo mínimo de un período».
Este es el escollo normativo que pone fin a las aspiraciones de intendentes de distintos signos políticos que pretenden revalidar sus cargos en las urnas en el 2023 con dos mandatos consecutivos bajo el lomo.
Es por ello que en los últimos días empezó a sonar con fuerza el pedido de los afectados (peronistas y radicales) por el impedimento legal en torno a suspender la legislación vigente. El tema ya se analiza en algunos despachos del ámbito parlamentario.
Cabe mencionar que esta disposición restrictiva de la ley 10.406 incluye además a legisladores provinciales y concejales de municipios y comunas del interior. También son alcanzados los miembros de los tribunales de cuentas.
La normativa en cuestión sancionada en 2016 por la Unicameral fijó que el período 2015-2019 debe ser considerado como primero a los fines de su aplicación en cuanto al límite de dos mandatos consecutivos para ser electo intendente, legislador, concejal o tribuno de cuentas.
«A los fines de la aplicación de la presente Ley, el actual mandato de legisladores, integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, concejales, intendentes, miembros del Tribunal de Cuentas de municipios, miembros de la Comisión Comunal y del Tribunal de Cuentas de las comunas será considerado como primer período», reza la ley aprobada en diciembre de 2016.
La demanda de los intendentes imposibilitados de acceder a la re-re elección en el 2023 ya no es un secreto a voces. El asunto es motivo de conversaciones en el ámbito político y parlamentario, aunque hay promotores y detractores de esta cuestión que implicaría pagar un alto costo político.
Por caso, en el ámbito que nuclea a los intendentes de la UCR el tema ya formó parte del debate interno. Aquellos de localidades más pequeñas estarían de acuerdo, pero son los jefes comunales de ciudades más grandes los que rechazan esta iniciativa. Las posiciones están divididas en el seno del radicalismo por la re-re elección de intendentes.
Dos intendentes que se pronunciaron abiertamente en contra de esta medida son los intendentes Luis Picat (Jesús María) y Marcos Ferrer (Río Tercero), ambos enrolados en Sumar, la alianza que encabezó Rodrigo de Loredo para disputarle la interna al tándem Mario Negri – Ramón Mestre. De hecho, Ferrer fue el jefe de campaña del binomio Luis Juez-De Loredo que ganó la interna legislativa del 12 de septiembre y luego las generales (14 de noviembre) por Juntos por el Cambio.
En las últimas horas se conoció el pronunciamiento de 16 intendentes y jefes comunales -entre ellos Picat y Ferrer- que forman parte del espacio «Evolución Radical», quienes expresaron su rechazo a la posibilidad de la re-re elección -mucho menos una reelección indefinida- de responsables de gobiernos locales de cara al 2023.
Cuestionaron que “cualquier proyecto que pretenda apartarse de la alternancia (en el ejercicio del poder), indefectiblemente se apartará también del principio republicano de gobierno reconocido en nuestra Constitución Nacional y solo puede fundarse en una ambición desmedida de poder, pero nunca en los legítimos intereses de los ciudadanos”.
Los intendentes que conforman el espacio que a nivel nacional representa Martín Loustea y en Córdoba, Rodrigo de Loredo, reafirmaron su compromiso en respetar las reglas y mejorar cada una de nuestras instituciones» democráticas y se manifestaron en contra de la propuesta de re-re elección.
“Rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa o norma que permita la reelección de las mismas autoridades, ya sea por un tercer mandato o de manera indefinida”, enfatizaron.
En Hacemos por Córdoba se analiza el tema ante el pedido de intendentes peronistas. Hay voces parlamentarias que sostienen que el asunto no está en agenda, pero los sondeos existen.
Desde el oficialismo advierten que para avanzar en el tratamiento de una suspensión a la norma vigente hace falta un pronunciamiento formal de la Mesa Provincia-Municipios y que la oposición -es decir el radicalismo- tenga señales claras de respaldo.
