Córdoba. El parlamentario radical se refirió al proyecto de creación del Ministerio Público de la Defensa. Sostuvo que la iniciativa busca, imitando al kirchnerismo, aumentar el número de miembros que integran el Consejo de la Magistratura (CM).
El legislador Dante Rossi (Juntos UCR) lanzó este miércocles duras críticas al proyecto del oficialismo que busca crear el Ministerio Público de la Defensa, con independencia funcional, y creando una ley orgánica propia que regule su funcionamiento.
El radical cuestionó que «el proyecto busca, imitando al kirchnerismo, aumentar el número de miembros que integran el Consejo de la Magistratura, para incorporar a un amigo del gobernador de manera vitalicia».
De aprobarse el proyecto, se aumentaría de 9 a 10 sus integrantes (actualmente integrado por un miembro del TSJ, uno del Ministerio de Justicia, un Legislador, el Fiscal General, un miembro de la Academia Nacional de Derecho, dos magistrados y dos abogados).
En este plano, Rossi advirtió que «el Defensor General y los cuatro adjuntos (en el CM) serán designados por el gobernador, con acuerdo de la Legislatura, donde de 70 miembros 51 responden al oficialismo. Esto, garantiza la falta de independencia del Ministerio Público de la Defensa, que actuará según criterio del actual gobierno».
En su cuestionamiento, el integrante de la bancada radical ejemplificó que «si las madres de los bebés fallecidos en el Neonatal por falta de recursos para costear abogados recurrieran al Ministerio de la Defensa, estos seguramente no actuarían buscando responsables en los organismos públicos».
“Se crea un título grandilocuente, cuando ya existen abogados oficiales, por ejemplo en la justicia de familia, a través de la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, Centros de Atención Judicial Nacionales con convenios con el TSJ, en el Polo de la Mujer», aseveró.
La iniciativa en cuestión fue presentada por el legislador Oscar González (Hacemos por Córdoba), la cual establece la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Córdoba y de Asistencia Jurídica Gratuita, derogando la Ley 7.982 y modificando las leyes 8.435 y 8.024.
El proyecto fija que el Ministerio Público de la Defensa «goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. Su organización económico financiera depende del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá realizar delegaciones a favor del Defensor General».
Dicho órgano estará integrado por «el Defensor General, cuatro (4) Defensores Adjuntos y los Defensores Públicos de los diversos fueros. El Defensor General podrá delegar las funciones según la materia y el territorio en que actuarán, de modo temporal o permanente, en cada uno de los Defensores Adjuntos, y establecer el orden de subrogación entre éstos en caso de vacancia, ausencia o impedimento».
En su crítica, el legislador Rossi remarcó que «el proyecto resiente la independencia del Poder Judicial, busca incorporar un amigo del gobernador en el Consejo de la Magistratura, y continúa la lógica de ésta administración, como cuando designó de fiscal general a un ex funcionario y cuando existen dos amigos del gobernador en el Tribunal Superior de Justicia».
