Córdoba. La sesión transcurrió en medio de un clima de tensión, aunque no hubo desbordes, ni golpes bajos. La oposición activó una avanzada más dura contra el «licenciado» Oscar González. A su vez, el oficialismo decidió que Nadia Fernández ocupe la presidencia provisoria hasta el 31 de diciembre.
La sesión ordinaria de este miércoles transcurrió en medio de un clima enrarecido ante los ánimos caldeados de una oposición que cargó duro contra el legislador Oscar González tras protagonizar un trágico accidente donde perdió la vida la docente Alejandra Bengoa, y dos adolescentes (Marina y Alexa) permanencen internadas con graves heridas.
El «González gate» fue el asunto que acaparó la atención de un plenario marcado por la tensión constante entre opositores y oficialistas. La bancada mayoritaria aprobó la extensión de la licencia por seis meses (hasta el 1 de mayo de 2023) que solicitó en las últimas horas el legislador departamental por San Javier.
Así, con su abultada mayoría, Hacemos por Córdoba dio una señal política de haberle soltado -no del todo- la mano a González, aunque para las demandas opositoras significó muy poco, ante el pedido de expulsión del ala más dura.
En el arranque de la sesión, el oficialismo, junto al bloque Identidad Peronista, aceptó la solicitud de licencia por seis meses (en un principio era hasta el 31 de diciembre) al hombre fuerte de Traslasierra. A rengló seguido, el vicegobernador Manuel Calvo le tomó juramento a la legisladora suplente por el departamento San Javier, la abogada María Noelia Brizuela.
Tras la aprobación por parte del oficialismo (pese al rechazo de la oposición) de la licencia de seis meses a @OscarGonzalezLC , la @LegislaturaCBA puso en funciones a la legisladora suplente por el departamento San Javier, María Noelia Brizuela. pic.twitter.com/V7kakV9MvM
— Agenda 4P (@4PAgenda) November 9, 2022
A su vez, el oficialismo confirmó que la legisladora María Victoria Busso reemplazará a González en la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury).
El accidente fatal que protagonizó el ahora ex presidente provisorio, que la Justicia investiga para determinar las responsabilidades, adquirió mayor volúmen por las derivaciones del caso que dan cuenta de las infracciones viales que acumulaba el peronista de Traslasierra y hasta el dato de que no cumplía los requisitos para obtener el carné de conducir provincial.
A este cuadro de situación se adicionó la polémica por la asignación de nueve autos judicializados de alta gama a legisladores por parte del Tribunal Superior de Justicia en el marco de la ley 8.550. Tras la controversia, y ante el malhumor social, Hacemos por Córdoba adelantó que la normativa será revisada. También se indicó que los nueve vehículos será devueltos al Poder Judicial.
Oposición
En el tramo final de la sesión, el arco opositor avanzó con su embestida contra el «licenciado» Oscar González. La bancada Juntos UCR (ocho de nueve) plateó una cuestión de privilegio por la suspensión del oficialista por un año. A este reclamo se sumó el bloque Juntos por el Cambio que comanda Orlando Arduh.
Por su parte, los dos bloques de izquierda (el MST y el Frente de Izquierda) impulsaron una cuestión de privilegio por la expulsión de González de la Unicameral. Una iniciativa en igual sentido la plantearon los legisladores Cecilia Irazuzta (CC-ARI) y Marcelo Cossar (Juntos UCR).
En tanto, la bancada Encuentro Vecinal Córdoba reclamó su apartamiento que en la práctica resulta una expulsión.
Al no reunir los 2/3 de votos para el trato preferente en la presente sesión como lo fija el reglamento interno de la Cámara, las cinco cuestiones de privilegio de los opositores fueron giradas a comisión de Asuntos Institucionales para su debate.
Tercera autoridad provincial
Asimismo, el oficialismo designó a Nadia Fernández en la presidencia provisoria de la Legislatura, en reemplazo de González, que implica ser la tercera autoridad de la provincia en la línea sucesoria. La oficialista ejercerá el cargo hasta el 31 de diciembre; es decir, por lo que resta de este período ordinario de sesiones.
Pese al rechazo de algunos opositores «halcones», aunque no lo exteriorizaron durante la sesión, Hacemos por Córdoba hizo valer su atribución por ser la representación de maryoría.
La Legisladora @NadiaFernandezV juró como presidenta provisoria de la Legislatura por lo que resta del período 2022. También, el legislador @RaulLatimori juró como vicepresidente por el mismo plazo.#LegislaturaCBA2022 pic.twitter.com/5iYNgqSOsW
— Legislatura de Córdoba (@LegislaturaCBA) November 9, 2022
La presidencia provisoria es un puesto de gran trascendencia política que se encarga de tender puentes con las espadas opositoras. Justamente, esto implica una capacidad de diálogo que los opositores más duros no ven en Fernández y exhiben el antecedente más reciente de este martes, protagonizado por la parlamentaria oficialista y el radical Marcelo Cossar, con el ministro Osvaldo Giordano de por medio.
Cambios a la ley 8.550
Ante la polémica en torno a los autos judicializados, desde el bloque oficialista manifestaron que hay voluntad del Gobierno provincial para revisar esta norma (8.550) que data de 1996, aunque tendrá un tiempo de análisis hasta que el Ejecutivo la envíe a la Unicameral.
Un integrante de la bancada Hacemos por Córdoba afirmó a Agenda 4P que la ley demandará un estudio exhaustivo por parte del Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo.
«Hay voluntad para revisarla, pero se debe actuar con prudencia y estudiar bien su aplicación», completó la fuente oficialista.
Por su parte, Juntos UCR impulsa modificar la norma, la cual asigna al Tribunal Superior de Justicia la disposición de los automotores secuestrados en causas penales, para luego poder entregarlos en depósito a un organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicio público específico.
Con la iniciativa presentada, el bloque radical busca que la resolución del Tribunal Superior de Justicia que dispone la afectación del vehículo esté absolutamente fundada y sea pública.
Asimismo, en dicha resolución se tendrá que delimitar cual es el objetivo por el cual se requiere el automóvil y cuál será el servicio público que presta. «Tendrá que estar fehacientemente acreditada la necesidad para que se apruebe la entrega», se advierte en el proyecto de ley.
Mediante esta iniciativa opositora, se dispone además la prohibición de utilización por parte de los integrantes o autoridades de los poderes del estado.
