País. Asimismo, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma de 84 mil millones de pesos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó en la tarde de este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial.
Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo también como imputado al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a la pena de 6 años de prisión, como partícipe necesario de administración fraudulenta.
A su vez, el exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también fueron sentenciados a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.
Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex AGVP, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 «Santa Cruz» de la DNV, la impusieron 3 años y medio de cárcel.
En su fallo, el TOF 2 dispuso el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04).
Por otro lado, el tribunal (por dos votos a uno) declaró a la vicepresidenta absuelta por el delito de asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.
Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los tres magistrados serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.
Si bien la vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena en instancia de la Corte Suprema.
La lectura del veredicto comenzó a las 17.31 y concluyó 17 minutos después en una sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Defraudación al estado
Tras la lectura del veredicto, el tribunal difundió una breve reseña de los fundamentos que serán dados a conocer el año que viene, en la que los jueces afirmaron que existió una maniobra para beneficiar a Báez y que para su concreción fue esencial su relación con la familia Kirchner.
Los jueces sostuvieron que los hechos investigados «evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial».
Esos lazos -sostuvieron- «fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)».
«Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal», aseveraron los jueces en su reseña.
