Córdoba. Recalientes por el «manoseo» y el «ninguneo», los jefes comunales autoconvocados cargaron duro contra el gobernador, y de ahí, para abajo. La dura crítica abarcó a autoridades y referentes de los distintos partidos, y legisladores del oficialismo y de Juntos por el Cambio.
Caída la posibilidad de una reforma a la ley 10.406 en la última sesión del período legislativo 2022, el grupo de 250 intendentes y jefes comunales “autoconvocados” de distintos signos partidarios salieron con los tapones de punta contra el «destrato» de los representantes políticos.
A través de una carta pública, los jefes territoriales afectados por el cepo de la norma -en su carácter retroactivo- expresaron su repudio al «manoseo» y «ninguneo» recibido de parte del gobernador Juan Schiaretti, ministros, autoridades de las distintas fuerzas políticas, y legisladores provinciales y nacionales, ante el pedido de tratamiento de modificación de la ley en cuestión que no fue atendido en el actual período legislativo.
La crítica más dura recayó en el mandatario peronista (el dueño de la lapicera) pero, en la volteada, cayeron todos en la misma bolsa. Los intendentes se encargaron de apuntar también contra dirigentes radicales, del PRO, de Juntos por el Cambio y de Hacemos por Córdoba, entre otros. No le perdonan el haber desconocido «el pedido de los verdaderos representantes del pueblo y sus intereses», afirmaron.
En medio del enfado a flor de piel, el núcleo de autoconvocados habló de «proscripción» y de «atentar contra la voluntad popular» a raíz del cepo de la ley, a la que calificaron de «anti democrática» y «jurídicamente incorrecta» que debió corregirse en el transcurso de este año.
De hecho, con el tema de la re-re ya instalado, legisladores oficialistas y cambiemitas reconocieron que hubo «un error» cuando se aprobó la norma en diciembre de 2016, por su carácter retroactivo. Algunas espadas parlamentarias del peronismo siguen advirtiendo -aún hoy- esa situación, e incluso hacen foco en la «inconstitucionalidad» de la ley por el lado de los mandatos de los legisladores. «Una ley no puede ir en contra de lo que establece la Constitución», lanzó un integrante de la Unicameral, con solidez en lo jurídico.
Pese a redoblar la presión, intendentes se quedaron sin la re-reelección
En su pronunciamiento de las últimas horas, los intendentes y jefes comunales aseguraron que «en el año 2016 se aprobó una ley, jurídicamente incorrecta, que no estaba ni está como temática a abordar en el orden de prioridades de la ciudadanía cordobesa. Una ley anti democrática que en los hechos nos proscribe y atenta contra la voluntad popular».
En ese sentido, insistieron en aclarar por dónde pasa la clave de su planteo que implica habilitar, «a través de la corrección política de una ley que jurídicamente está mal», la posibilidad de ser candidatos por un período más en las elecciones 2023.
En su rechazo de la retroactividad de la polémica norma, demandaron la modificación del artículo 7 de la ley para que se tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019.
«Nunca se pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como si lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983″, sostuvieron los jefes territoriales en su mensaje recargado.
De cara al escenario electoral 2023, los intendentes y presidentes comunales autoconvocados del interior cordobés dejaron en claro cuáles serán los efectos más directos del «manoseo» y el «ninguneo» por parte de las autoridades provinciales y sus prácticas políticas, ante la negativa de atender su demanda.
«Postulamos adelantar conjuntamente la fecha de los comicios para la elección de autoridades locales, prescindir del apoyo dado a cualquier candidato, de todo partido político, para los cargos provinciales, además de no enviar representantes ni fiscales partidarios para la fiscalización de las elecciones provinciales en cada comunidad y no descartar la presentación de una lista propia, con candidatos propios, para los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores departamentales y de la ‘Lista Sábana’ y Tribunal de Cuentas Provincial», reza la carta abierta que se difundió en las últimas horas.
