País. Ante la avanzada oficialista, la comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), comenzó hoy con el análisis de 14 proyectos de pedidos de juicio político a los integrantes del máximo tribunal de justicia.
En el marco de la apertura de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, la comisión de Juicio Político arrancó este jueves con el debate para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores aliados, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
De todos modos, desde el oficialismo advirtieron que la agenda incluye 14 iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques parlamentarios, así como también de organizaciones de la sociedad civil, contra los miembros del máximo tribunal de Justicia.
La comisión que preside la diputada Gaillard se reunió desde pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Al inicio del plenario, la parlamentaria oficialista explicó que “el juicio político no es un juicio penal”. “Se trata de una causal para apartar del cargo a aquellos funcionarios que no se desempeñan bien en la función en que han sido designados”, puntualizó.
Gaillard precisó que el jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas, según consignó Télam.
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que “estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”, y en ese sentido consideró: “Tenemos que dar todos los debates políticos en función de las distintas miradas”.
Desde la bancada oficialista, Leopoldo Moreau, aclaró que no se trata de “un juicio a la Corte, sino a sus 4 miembros”.
A su turno, desde Identidad Bonaerense, diputado Alejandro Rodríguez, manifestó su postura en contra del juicio político y cuestionó “el embate político respecto a la ampliación de los miembros de la Corte Suprema”.
Por su parte, diputados del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) calificaron de «circo político» al proyecto que impulsa el Gobierno del Frente de Todos (FdT) contra la Corte Suprema de Justicia.
En declaraciones a la prensa, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, aseguró que «este pedido de juicio político debería ser rechazado in limine».
«Tiene el propósito de disciplinar a la Corte y a toda la Justicia. Pero no tiene ninguna consistencia, forma parte de una guerra del Gobierno contra la Constitución», cuestionó el radical.
El vicepresidente primero de la comisión, diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), propuso invitar a juristas y representantes de la sociedad civil para analizar los informes de admisibilidad, al tiempo que rechazó el embate del oficialismo contra el máximo tribunal.
“Queremos separación de poderes y vamos a defender la independencia del Poder Judicial”, enfatizó el carrioista en línea con la postura acordada con sus socios del interbloque opositor.
La diputada Ana Carrizo (Evolución Radical) se manifestó “a favor de los juicios políticos”, pero remarcó: “Debe haber consenso partidario”.
En una postura más dura, la diputada Sabrina Ajmechet (PRO) aseveró que “están atacando a la Constitución Nacional, a la Justicia y a la división de poderes”.
Su par radical, Soledad Carrizo (UCR), sostuvo que el juicio político a la Corte Suprema «es una puesta en escena que no resiste el mínimo planteo republicano sobre la división de poderes. Han puesto de rehén el tratamiento de los problemas del país tras esta fantochada impulsada por el Presidente y su Vice».
