País. En el listado se incorporaron como testigos los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, citados para echar luz sobre la polémica por los chats filtrados entre Silvio Robles (mano derecha de Horacio Rosatti) y el desplazado ministro porteño, Marcelo D’Alessandro. También otros siete testigos.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su cuarta jornada de reuniones, un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.
La decisión se adoptó con el apoyo de los legisladores oficialistas y el rechazo de los opositores en la reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.
La comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigos a Cristian Abritta, ex titular de la Secretaría Judicial N°5 de la Corte, y Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración.
De las Secretarías Judiciales de la Corte Suprema, serán citados Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios. De la vocalía de Rosatti, Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti.
También se incorporó como testigos a Mario Jorge Cimadevilla, ex miembro del Consejo de la Magistratura; a Héctor Daniel Marchi, Secretaría General de Administración de la Corte Suprema; y a los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
La citación de los jueces federales Ramos y Ramos Padilla fue incorporada en esta jornada por pedido del diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, para que «expliquen sus posiciones respecto a las causas derivadas de los chats porque ambos tienen fallos contradictorios», según consignó el legislador y reproducido por Télam.
Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli informó: “Nos vamos a oponer a las intercepciones telefónicas, de e-mails, etc.”. “Sí se podrá hacer por intermedio de un Juez”, indicó, al tiempo que consideró: “La Comisión no tiene facultades ni atribuciones para pedir esa información para utilizarla como prueba”.
En medio de un debate caliente, Tailhade (FdT) discrepó con Tonelli (PRO) al afirmar que “no estamos pidiendo las intercepciones telefónicas, sino el listado de llamados, es decir los números con los que se comunicaban”, y acentuó: “Son de suma relevancia”.
En tanto, el diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense) recordó que “este proceso de Juicio Político se inició por una decisión presidencial”, por lo cual pidió “convocar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como primer testigo”. “Sería relevante su testimonio por la información que pueda tener”, consideró. En este caso, la votación resultó negativa.
Finalmente, la diputada Karina Banfi (UCR) resaltó que “estamos incurriendo en irregularidades. No podemos citar a todos; hay que tener causas”; mientras que su par Silvia Lospennato (Pro) remarcó: “Esto no es un juicio penal, sino político”.
Por otra parte, se comenzó a librar los oficios para comenzar la recolección de las distintas pruebas solicitadas, lo que fue otro de los puntos que criticó la oposición durante la intervención de todos los legisladores que denunciaron «ilegalidad» y «violación a las garantías constitucionales» de las personas.
“El propósito es avanzar en el cronograma de producción de pruebas, ya que se ha aprobado la admisibilidad en la reunión pasada, y abrir la causa a la investigación sobre las 14 denuncias obrantes contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”, remarcó Gaillard.
El titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió “cuidar la legalidad del proceso”, así como “tener una etapa de admisibilidad de la prueba”.
