CABA. “En el Congreso ganó el lobby inmobiliario con el voto de quiénes no alquilan, sino que tienen negocio con los alquileres», afirmó Fierro.
La candidata a legisladora porteña Cele Fierro (MST – FIT Unidad), y la legisladora Vanesa Gagliardi (MST – FIT Unidad), dirigentes del Frente de Izquierda – Unidad en CABA, rechazaron la media sanción en Diputados a las modificaciones de la Ley de Alquileres.
“La sesión de ayer en el Congreso, tuvo una primera contradicción aguda: la mayoría de los diputados y diputadas, representan al lobby de los grandes propietarios e inmobiliarias, y ellos mismos reconocen (muchos) en sus declaraciones juradas la cantidad de propiedades en alquiler que tienen», advirtió Fierro.
Al expresar su rechazo, la referente del MST remarcó: «Lo que se aprobó en Diputados (contratos de 2 años, actualización de precio cada 4 meses y el índice que quieran los propietarios y el ‘mercado’), es una derogación de ‘hecho’ de la Ley de Alquileres, porque le suprime lo más positivo de esa regulación, a pesar de que la propia Ley tiene limitaciones de origen».
«Desde la aprobación de la Ley de Alquileres, nunca como gobierno aseguraron que se aplique, y ahora, antes las presiones se derriten. ¡Impuestos durísimos a la vivienda ociosa e incluso expropiación habría que votar, no ‘exenciones’ a los chantajistas», acentuó.
En este contexto, y de cara al tratamiento en el Senado, Fierro convocó a todos los inquilinos «a rodear ese antro y derrotar en la calle al lobby y la derecha».
Por su parte, Gagliardi cuestionó que “el dictamen aprobado es un escándalo y parece escrito en una inmobiliaria, no en el Congreso».
Para la dirigente de izquierda, la mayoría de los diputados «son ‘parte interesada’ en liquidar cualquier regulación a favor de los inquilinos. La Ley de Alquileres vigente es limitada, pero en este contexto es fundamental pararle la mano al lobby inmobiliario».
«Los colectivos de inquilinos, los sindicatos, la izquierda: todos tenemos que convocar al Senado cuando se trate este tema. Y partir de frenar a las inmobiliarias, discutir una nueva Ley de Alquiler Social, donde el Estado intervenga para asegurar el derecho de la parte más débil que son los inquilinos, fijar un valor de referencia proporcional al ingreso declarado del inquilino, asegurar garantías gratuitas, fijar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y si las grandes inmobiliarias no cumplen, declarar de utilidad social las viviendas sustraídas a la oferta y ponerlas en alquiler público. Mano dura con los grandes propietarios”, concluyó la legisladora porteña.
