Córdoba. Con los votos ajustados, el oficialismo y sus tres aliados aprobaron anoche la reforma en materia de seguridad pública. En su correlato, el gobernador firmó este jueves el decreto de promulgación.
En medio de la polémica con el arco opositor, que no dio quorum para poner en marcha la sesión de ayer y, luego, se ausentó en rechazo al accionar del PJ por el proyecto de «ajuste» a los estatales, cuya aprobación quedó trunca por la falta de los votos, el oficialismo logró sumar las voluntades de los tres aliados para sancionar con 36 legisladores la nueva ley de seguridad pública. (Ver nota. Unicameral: cerca de la medianoche, el oficialismos y sus tres aliados aprobaron la reforma en seguridad).
El día después de la controversia en la Unicameral, aunque el objetivo central se cumplió -aprobar la norma- pese al vacío legislativo de la oposición en un marco de paridad, el titular del Ejecutivo provincial, Martín Llaryora, promulgó la ley que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
La reforma impulsada por Llaryora establece el marco jurídico para la implementación de «un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico«, se destacó desde el Centro Cívico.
Ante las críticas opositoras, desde la administración llaryorista se defendió el tratamiento de una semana (intensa, por cierto) que tuvo el proyecto en cuestión en la comisión ad hoc, ya que todavía no están conformadas las comisiones permanentes a 12 días del recambio legislativo.
Fueron cinco las reuniones en donde se abordó la iniciativa del Ejecutivo que contó con la participación del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de un grupo de expertos en temas de seguridad.
Con la firma del decreto por parte del gobernador, el texto legislativo pasará a ser publicado en el Boletín Oficial para su plena vigencia.
Claves de la nueva ley
La norma constituye el andamiaje legal para la aplicación de un sistema Integrado de Seguridad Pública en la provincia. Se crean las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía.
Autoriza el uso de armas no letales por parte de los agentes de las Guardias locales y del personal de las empresas de seguridad privada, previa capacitación y certificación.
Se crea el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.
Se incorpora el personal de las prestadoras de servicios de seguridad al sistema. También se dispone la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
Habrá un estimulo en torno a un plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.
A su vez, la norma establece la obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos. En materia de lucha contra el narcotráfico, se duplicarán las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
