CABA/País. El legislador porteño por el FIT-Unidad describió una serie de situaciones en su crítica por la modalidad de la audiencia pública. A esto se suma el «vaciamiento» de la audiencia, que sin motivo alguno el Gobierno decidió hacerla de modo virtual.
El dirigente nacional y diputado porteño del Partido Obrero en el FIT-Unidad, Gabriel Solano, denunció la «manipulación» de la audiencia pública para abordar la modificación de las tarifas del servicio público de energía eléctrica, convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Solano reclamó que debía sesionar hoy desde las 8.30 y, alegando problemas técnicos, arrancó casi 2 horas más tarde. Además, «fue manipulada la lista de oradores», se quejó. A pesar de estar número 10 en el orden de oradores, Solano fue pasado arbitrariamente al número 30 y se le recortó el tiempo de exposición.
«Esto se suma al vaciamiento de la audiencia, que sin motivo alguno el Gobierno decidió hacerla de modo virtual», cuestionó la fuerza política de izquierda.
En su denuncia, el legislador porteño afirmó que “esta audiencia pública está completamente manipulada y es evidente que trataron desde el inicio de boicotearla para convalidar sin ningún tipo de debate el tarifazo contra los trabajadores favoreciendo a las empresas distribuidoras de energía”.
“El tarifazo que implementará el gobierno será un golpe enorme a la economía familiar de los trabajadores» , remarcó.
Al dejar en claro su postura de rechazo, el dirigente del PO expresó que «el gobierno invoca que lo hace para reducir los subsidios, pero en realidad no es así. Mediante el tarifazo los subsidios se mantendrán, solo que estos lo pagarán los usuarios a favor de las grandes empresas petroleras y energéticas. Como en Argentina la matriz de generación de energía eléctrica es en base al gas, el reconocimiento de un precio superior al internacional para las empresas por un millón de BTU equivale a un subsidio a estas empresas”.
“Además -señaló Solano- junto con el tarifazo a la generación y transporte de energía, se le pagará otro a las empresas distribuidoras de la zona metropolitana. Edenor y Edesur reclaman $1 billón anuales y además alegan que el estado les debe $1,1 billones por el supuesto congelamiento tarifario omitiendo que el gobierno de Alberto Fernández le perdonó la deuda con Cammesa. Estas empresas se hacen millonarias a costa con los fondos públicos, pero no invierten un centavo. De hecho, millones de familias sufren constantemente la falta del servicio. Y la falta de mantenimiento pone en riesgo a los trabajadores como Rubén Aita, víctima fatal de la desidia de Edenor. A estas el gobierno de Milei les concede un tarifazo brutal».
Asimismo, advirtió que «el aumento tarifario que pretende el gobierno a través de la ‘canasta básica energética’ está muy lejos de los ingresos de los trabajadores, dado que el precio más atrasado de la economía son los salarios. Justamente para los trabajadores no hay nada. El gobierno sigue sin convocar al Consejo del Salario Mínimo y en la paritaria estatal le robó 10 puntos de salario a sus propios trabajadores”.
Por último, Solano demandó que “las empresas tienen que abrir los libros para determinar los costos reales de generación, transporte y distribución de energía. Hay que nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera como parte fundamental de un plan de desarrollo del país a partir de los intereses de los trabajadores».
