Con un tratamiento exprés, el PJ y JxC aprobaron la adhesión de Córdoba a la ley de blanqueo de Milei

Córdoba. El proyecto de ley girado por LLaryora ingresó pocas horas antes de ser tratado en el recinto. El PJ logró el apoyo del interbloque opositor para sortear la cláusula de los 2/3 de los votos para su debate sobre tablas. Sin sobresaltos, la norma fue aprobada de manera exprés.

La bancada oficialista consiguió el apoyo del interbloque Juntos por el Cambio para sancionar de forma exprés la ley por la cual Córdoba adhiere al blanqueo nacional. Esto le valió la crítica del peronismo K y de la izquierda que cargaron duro por el alineamiento del “cordobesismo” a la gestión de Javier Milei.

El proyecto de ley girado por el gobernador Martín LLaryora, que ingresó pocas horas antes de ser llevado al recinto en la sesión de ayer, establece la adhesión al programa de Exteriorización de Capitales, o blanqueo que lanzó el gobierno de Milei.

La iniciativa llaryorista logró sortear la cláusula de los 2/3 de los votos (44 voluntades) para su debate sobre tablas. Esto fue posible a raíz de las manos levantadas de la oposición cambiemista (UCR, Frente Cívico, PRO y el liberal Gregorio Hernández Maqueda) que acompañaron al PJ.

Con el respaldo de las bancadas mayoritarias, el debate del tema fluyó como nunca se vio en una Unicameral marcada por el choque de fuerzas ante la paridad. Ante esta situación, el legislador K Federico Alesandri y la parlamentaria de izquierda Luciana Echevarría abrieron fuego por el alineamiento del “cordobesismo” al gobierno libertario.

La ley fue aprobada por amplia mayoría con los votos del oficialismo, UCR, Frente Cívico, PRO y los monobloques de Agustín Spaccesi, Hernández Maqueda, Karina Bruno y Graciela Bisotto.

Por el rechazo se pronunciaron los parlamentarios Alesandri (Creo en CBA), Echevarría (FIT), los alfonsinistas Dante Rossi y Sebastián Peralta, y el vecinalista Rodrigo Agrelo.

En su punto neurálgico, la normativa provincial establece que quienes adhieran al Régimen de Regularización de Activos, instituido por la ley nacional 27.743 (Paquete Fiscal) y su marco regulatorio, estarán eximidos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación con los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no prescriptos al 31 de diciembre de 2023.

“Adherimos porque queremos que Córdoba sea parte de la solución, que tenga que ver con la construcción de un país y no sea parte del problema”, afirmó Miguel Siciliano, jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Además, destacó la decisión de la oposición de acompañar el proyecto llaryorista. Según dijo, “tiene que ver con el Gobierno nacional, pero que necesita Córdoba para poder formar parte de lo determinado por la Nación”. 

“Nosotros acompañamos esto, porque necesitamos darle gobernabilidad al presidente de la República, darle la herramienta necesaria tanto a él como a la Provincia”, argumentó Miguel Nicolás, de la Unión Cívica Radical, a la hora de anunciar el voto favorable de su bloque a la iniciativa. 

Por su parte, el legislador Oscar Tamis (PRO) sostuvo: “Nos parece bien que la provincia de Córdoba, en este contexto, acompañe”. Además, anticipó el voto positivo de todo su bloque. 

Gill, en foco

El oficialismo se rehusó a tratar sobre tablas tres proyectos de la oposición cambiemista que demandaban el apartamiento al cargo del ministro Martín Gill al estar “procesado por violencia de género e imputado en una causa por malversación de caudales públicos”.

El juecismo, a través de las legisladoras Nancy Almada y Viviana Martoccia, reclamó al titular del Ejecutivo que le pida la “renuncia” al funcionario y desde la UCR -a instancia de Alejandra Ferrero– se rechazó “la actitud del gobernador Llayrora, de seguir manteniendo en funciones al ministro de Cooperativas y Mutuales”.

Por otra parte, Agrelo dio un intenso debate de tres horas sobre su iniciativa de suspender las prácticas de aborto en Córdoba. El vecinalista pidió dejar sin efecto la aplicación de la ley nacional de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el territorio provincial. El proyecto fue rechazado por 46 votos contra 18 a favor, mientras hubo seis abstenciones.

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