El Concejo continúa con el debate en comisión de los proyectos de Ficha Limpia para la Ciudad

Ciudad de Córdoba. Son tres los proyectos de ordenanza referidos a la posibilidad de implementar Ficha Limpia en la ciudad.

En una nueva reunión de la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante, presidida por Nicolás Piloni, se retomó el debate sobre tres proyectos de ordenanza referidos a la posibilidad de implementar Ficha Limpia como requisito para integrar listas de candidatos en el orden municipal.

En el seno de la comisión se analiza el proyecto impulsado por la UCR y el Frente Cívico (FC), con la coautoría de los tres monobloques de extracción PRO, para incorporar el artículo 27 bis, inciso L, en el artículo 25 inciso C en el artículo 51 del Código Electoral Municipal.

A su vez, se trata en conjunto con la iniciativa de los concejales Soher El Sukaria, Juan Balastegui y el bloque FC, incorporando el Título III, Capítulo I, artículo 31 bis al Código Electoral Municipal. En tanto, el tercer proyecto es de autoría del edil oficialista Diego Casado modificando el artículo 50 e incorporando el artículo 50 bis al Código Electoral Municipal

Para dar continuidad al debate la comisión contó con la participación del abogado constitucionalista Jorge Orgaz, quien consideró que “el tema de la corrupción es viejo, es estructural, y ante eso todos los cuerpos deliberativos deben llevar nuevas ideas y nuevos códigos de interpretación política e institucional”.

En ese sentido, resaltó la labor que están realizando en el Concejo Deliberante “porque están tratando de llevar a la ciudadanía un proyecto para solucionar la elección de los candidatos”.

“Hay fundamentos constitucionales para el proyecto de Ficha Limpia, donde se plantea la necesidad de la idoneidad para acceder al cargo que debe ser tanto técnica como moral, y no se trata de un concepto vago de moralidad, se conjugan ambas exigencias y la República exige eso”, acentuó.

Orgaz también analizó si para ser candidato en los proyectos de Ficha Limpia se exige sentencia firme o si puede ser candidato una persona con una condena penal en primera o segunda instancia. “En función del pacto de San José de Costa Rica, una persona con condena no puede ser candidato porque no habla de sentencia firme, con una condena simple ya no puede ser candidato” dijo, y aclaró que “la Ficha Limpia no es una nueva condena sino un requisito, no es una pena adicional o supletoria a una condena penal sino una condición en relación a ser candidato”.

“La ciudadanía merece instituciones de calidad moral, estos proyectos de Ficha Limpia marcan un antes y un después en el sistema político argentino” finalizó.

En contra

A través de una comunicación -vía zoom- la ex diputada de la Nación y dirigente del PTS, Myriam Bregman, se pronunció en contra de los proyectos de Ficha Limpia al expresar que se “trata de una legislación peligrosa” y que “el reverdecer de este tema tiene que ver con la campaña electoral, con facciones que quieren diferenciarse de otras. Estas campañas de Ficha Limpia aparecen en tiempos especiales, es un momento de judicializar campañas electorales y quien maneja la Justicia maneja la campaña contra los opositores, por eso desde la izquierda lo rechazamos”.

Refiriéndose a Justicia señaló que “en la historia reciente el poder judicial está surcado por la servilleta de Cavallo, la Mesa Judicial en la se hablaba cómo se decidía en las causas. Yo lo sufrí como abogada de trabajadores. Jueces y fiscales que nadie votó van a decidir sobre uno de los atributos del pueblo: quienes deben ser candidatos. No se puede dejar en un sistema privilegiado como el judicial, que funciona como una casta, que tenga la posibilidad de decidir quién puede ser candidato o no”.

“Desde la izquierda, si hay funcionarios corruptos o que mienten, entonces debe operar la revocatoria de mandatos, que los propios electores los puedan revocar es mucho más democrático que darle a la casta del poder judicial la decisión de quién debe ser candidato”, aportó.

“En América Latina las leyes de ficha limpia son promovidas por las embajadas de EE.UU. Son leyes para controlar las políticas regionales con la Justicia. El Poder Judicial de EE.UU siempre actúa desde atrás para legalizar golpes de Estado blandos en la región. El caso de Lula es un ejemplo de cómo proscribir un presidente a través de estas leyes, acompañadas de campañas mediáticas muy fuertes contra la corrupción. Estas campañas ponen el acento en la corrupción como la madre de todos los males, pero nunca se habla de los corruptores, los que pagan la corrupción», concluyó la ex diputada.

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