Córdoba. De este modo, la Provincia adhirió a la declaración de emergencia dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación por resolución del 17 de abril de 2024.
En una sesión ordinaria atípica, el oficialismo y sus aliados avanzaron con la sanción de una ley por la cual Córdoba adhirió a la emergencia penitenciaria vigente a nivel nacional, durante tres años. La oposición rechazó la iniciativa oficialista.
De esta manera, la Provincia adhirió a la declaración de emergencia dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación por resolución del 17 de abril de 2024.
El proyecto, iniciado por el legislador Miguel Siciliano, en sus fundamentos contempla “la situación actual del sistema penitenciario” en la provincia y “la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública”.
En la actualidad, el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba alberga más de 16 mil presos y la población carcelaria viene en crecimiento, al punto de que este año aumentaría 28 por ciento.
En ese sentido, la legisladora Nadia Fernández, como miembro informante, aclaró: “La declaración de emergencia no otorga facultades extraordinarias ni discrecionales al Ejecutivo provincial; por el contrario, establece una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, con acciones acotadas a la gestión de infraestructura y a las condiciones de detención y coordinación interjurisdiccional».
«La participación se circunscribe a las acciones necesarias para mitigar la crisis penitenciaria dentro del marco legal vigente”, resaltó.
Un «cheque en blanco»
El interbloque de Juntos por el Cambio (UCR, Frente Cívico y Mejor Futuro) y otros bloques opositores votaron en contra de la iniciativa argumentando su rechazo al otorgar «un cheque en blanco» al titular de la cartera de Justicia y Trabajo de la provincia.
La bancada radical expresó que este proyecto «pretende solo ‘adherir’ a la emergencia penitenciaria nacional sin asumir responsabilidad alguna por el colapso del sistema en nuestra provincia en los últimos 26 años». «Esto es, simplemente, una maniobra con la que buscan esquivar su responsabilidad política y no declarar una emergencia real», sostuvo.
En su dura crítica, los legisladores radicales aseguraron «no puede haber facultades extraordinarias sin controles. Córdoba ni siquiera cuenta con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura».
«Esta ley no es una herramienta de gestión: es una habilitación para gobernar sin reglas, en un sistema saturado y sin garantías mínimas para los derechos humanos», enfatizaron los parlamentarios boina blanca al rechazar «esta forma de legislar: opaca, evasiva y peligrosa».
Apoyo mayoritario
Por otro lado, el pleno legislativo aprobó con amplia mayoría una resolución que instruye a los senadores y diputados por Córdoba para que promuevan, ante el Congreso de la Nación y el Ejecutivo nacional, la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia para el alojamiento de presos federales, a modo de cancelación de deudas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Córdoba.
En ese sentido, Fernández señaló que “el reclamo por una cárcel federal no es sólo cuantitativo sino cualitativo y de justicia federal. Se trata de cumplir con la responsabilidad del Estado nacional y liberar los recursos del Estado provincial para sus propias competencias”.
