Nacionales. El proyecto de ley de telecomunicaciones enviado por el Ejecutivo nacional al Parlamento, comenzará a ser analizado en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación este martes con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El Socialismo con postura crítica, rechazó la iniciativa por perseguir otro objetivo al que declaman sus impulsores.
El encuentro, que se llevará a cabo desde las 11hs. en el Salón Azul de la Cámara Alta, contará también con la presencia del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, adelantó a Télam la presidenta de la Comisión, la kirchnerista salteña Liliana Fellner.
La intención del oficialismo es que el Senado apruebe la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue ya discutido a Diputados para que sea convertido en ley antes de fin de año, por lo que se descuenta la extensión del período ordinario.
Al mencionar los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado, Fellner resaltó que «el negocio se abre para todos» y recordó que «hay una reglamentación que establece que cualquiera que entre para dar servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones o de comunicación audiovisual debe cumplir con los mismos criterios y restricciones que cualquiera».
«Si bien las telefónicas van a poder dar servicios de comunicación audiovisual, las empresas que hoy brindan comunicación audiovisual también van a poder dar servicios como las telefónicas», destacó.
Durante las tres semanas de debate que se prevén por delante, Fellner remarcó que quiere «escuchar a las cooperativas y a las pymes del interior del país» porque, «más allá de que esta ley está vinculada al usuario y a su derecho a obtener una comunicación y un servicio universal, uno de los beneficiarios en los que hay que poner mayor énfasis es en las cooperativas y las Pymes».
«Ellos son los que estarán presentes muchas veces en lo que se conoce como la ‘última milla’ que es la relación directa que existe entre los prestadores y el cliente y es eso lo que se declara como servicio público», enfatizó.
Fellner denunció que «cuando las cooperativas pretenden subirse a la fibra de las grandes empresas, no pueden hacerlo» y que «ahí va a estar el rol del Estado como regulador máximo».
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Sistemas del Senado puntualizó que «es una novedad declarar como servicio público» a las tecnologías de la información y la comunicación», que «a nadie se le había ocurrido esto anteriormente» y que eso va a generar «menores costos para el usuario y una mejor calidad de servicio».
Finalmente, Fellner destacó que en su comisión «se vienen discutiendo temas como este o como la neutralidad en la red desde hace un año y siete meses» y, aunque reconoció que a partir de ese trabajo se podrían hacer aportes al proyecto que envió el Ejecutivo, aclaró que «no se va a variar el sentido de la Ley que es la defensa del usuario».
El proyecto que comenzará a debatirse este martes propone «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados», garantizando la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los argentinos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
El proyecto que reemplaza un decreto-Ley del año 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse, tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
Socialistas con postura crítica
Para el Socialismo, en nada favorece a los usuarios y consumidores. Desde la fuerza política que lidera Hermes Binner, resaltaron que “el proyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones impulsado por el gobierno, en nada favorece a las usuarios y consumidores de estos servicios ya que sólo regula la relación entre los distintos prestatarios, favoreciendo de sobremanera a algunos en detrimento de otros”.
“Preocupa que la norma no establezca qué organismo será la Autoridad de Aplicación, cuando se le otorga a esta un amplísimo poder para reglamentar la ley, fijar las condiciones para el otorgamiento de licencias, establecer tarifas, condiciones de acceso y para establecer obligaciones específicas para quienes considere que tienen ‘poder significativo de mercado’”, observaron.
A su vez, manifestaron que “la norma proyectada elimina las vallas y prohibiciones que existen en el decreto 62/90 y en la ley 26.522 que impiden a las empresas telefónicas brindar servicios de comunicación audiovisual”.
Acusando al oficialismo K de perseguir otro objetivo al que declaman, el Socialismo aseguró que “el actual proyecto se presenta como una ley que autoriza a que el pequeño operador compita con el grande, cuando en realidad lo que se hace es permitir que el grande elimine al pequeño”.
“La convergencia de servicios es una realidad mundial y hacia ella debemos marchar, pero podríamos hacerlo de la misma manera que lo hicieron muchos países en donde se otorgaron plazos y facilidades para que los pequeños operadores estuvieran en condiciones de desafiar a los incumbentes y equilibrar el mercado”, expresaron en un comunicado.
