Avanza un acuerdo en torno a la emergencia del transporte público (sin ir al tema de fondo) que sumará más subsidios a las provincias

País. La comisión de Transportes de la Cámara Baja unificó dos proyectos que buscan aliviar la situación económica del transporte de pasajeros en las provincias. El Fondo Compensador pasará a ser de $59.500 millones y se fija la utilización del sistema SUBE. Patean para más adelante la discusión de fondo, una ley integral para el reparto equitativo de los fondos nacionales.

La comisión de Transportes de Diputados emitió este miércoles dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley consensuado entre los principales bloques, que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos.

El dictamen prevé el aumento, dentro del presupuesto nacional vigente, del Fondo Compensatorio al transporte público del interior por la suma de 59.500 millones de pesos. Para que llegue al recinto, la iniciativa debe ser analizada ahora por la comisión de Presupuesto que preside el oficialista Carlos Heller.

En una breve reunión, producto del acuerdo alcanzado previamente, los diputados de las principales bancadas acordaron un texto en común, que recibió algunas observaciones por parte del diputado del Interbloque Federal y exministro de Transporte Florencio Randazzo, en lo referente al alcance de la emergencia.

El texto declara «la emergencia económica del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional».

Establece «modificar la Ley de Presupuesto 2021, reconducido por decreto; prorroga el fondo de compensación al transporte del interior hasta diciembre de 2022» y «faculta al Jefe de Gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento».

El fondo determinado es de 59.500 millones de pesos y «las empresas beneficiarias deberán aplicar para su percepción el sistema SUBE», se indica.

Además, advierte que «las provincias y municipios deberán seguir realizando un aporte proporcional buscando la sustentabilidad del sistema».

Con relación a sus alcances, el también diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos) sugirió “no ver al fondo como un techo, sino como un gran acuerdo de partida, porque diputados opositores y oficialistas llegamos a esta resolución en consulta permanente con el Poder Ejecutivo Nacional”.

Las jurisdicciones municipales y provinciales que adhieran al fondo compensatorio –distribuido a criterio del Ministerio de Transporte- deberán implementar, junto con las empresas de transporte, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Municipalidades y gobiernos provinciales tendrán la posibilidad de rendir cuentas hasta el último día hábil de cada mes; en tanto, el Gobierno nacional, dispondrá de 10 días hábiles una vez recibida la rendición para efectuar el pago subsidiario correspondiente.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que “la declaración de la emergencia puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia, y eso conlleva a cuestiones de licitación, prórroga de concesiones, y debemos ser cuidadosos”.

Al pronunciarse sobre el monto estipulado en torno al incremento de los subsidios al transporte del interior ($59.500 millones), el diputado Hugo Romero (UCR) expresó que «la cifra puede llegar a ser insuficiente, pero es un paso hacia adelante y va en linea con nuestro reclamo» en base a la adecuación de las partidas presupuestarias actuales.

En cuanto a cómo sigue el tratamiento de la iniciativa, el radical acentuó: «Debatirlo en la comisión de Presupuesto y esperar a que se convoque la sesión especial para buscar la media sanción». «Necesitamos que sea pronto, solo así podremos garantizar la normalidad del servicio de transporte en el interior del país», advirtió el parlamentario cordobés.

De acuerdo a lo dictaminado, la emergencia económica para transporte público de pasajeros caducaría el 31 de diciembre de 2022. En ese lapso, también por acuerdo mayoritario, se respetarán los criterios de distribución subsidiaria vigentes a cargo de la cartera de Transporte de la Nación.

En tanto, por unanimidad, la comisión presidida por el diputado Jorge Rizzotti (UCR) convocó a discutir -luego de superada la emergencia- una ley integral para el reparto equitativo de los fondos al transporte de pasajeros en el país, informó Diputados.

De esta manera, se patea para más adelante la discusión de una ley integral para el reparto equitativo de los fondos nacionales.

No obstante, el diputado Rizzotti (sin el visto bueno del oficialismo) propuso a los integrantes de la comisión establecer un cronograma de reuniones y fijar un plazo menor a 60 días, “para que tanto Diputados en conjunto con representantes del Ejecutivo Nacional, avancemos en el tratamiento de los proyectos referidos a la redistribución general del subsidio al transporte de pasajeros en la Argentina”.

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