Córdoba. El legislador socialista Roberto Birri, anticipó que pedirá en la Legislatura, el urgente tratamiento del proyecto de ley de su autoría por el cual la provincia modifica y adecua la ley provincial 10.058 de muerte digna, a los criterios ordenados por la Corte Suprema en un reciente fallo, lo que a su vez implica seguir los parámetros de la ley nacional 26.742.
“La ley nacional de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, es taxativamente amplia en la definición del derecho del paciente o su representante de aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos, cualquiera sean éstos, que puedan proponer los facultativos de la medicina”, advirtió Birri.
Asimismo, destacó que en otro artículo de la norma que hace referencia al consentimiento informado, expresa que “la decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada”.
“El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la misma implica (…)”, expresó el parlamentario al citar el articulado de la ley.
En ese sentido, aludió a las directivas anticipadas. “Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud”.
“Las directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”, añadió.
Ante dicha referencia normativa, Birri sostuvo que “esta amplitud de la voluntad del paciente, ha sido adoptada por la Corte Suprema de Justicia, de fecha 7 de julio, causa que ha tomado estado público, y que precisamente ha obligado a especialistas e interesados a revisar la ley provincial 10.058”.
El socialista indicó que en dicha norma, se advierte que hay disposiciones restrictivas de la autonomía de la voluntad del paciente, que resultan incompatibles con los postulados de la ley nacional y, precisamente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Esto se refleja en su artículo 4º “Salud. Cuidados Básicos”. Allí se estipula “(…) medidas mínimas ordinarias que serán provistas para asegurar el respeto a la dignidad y a la calidad de vida del enfermo (…)”.
“Esas medidas mínimas ordinarias que la ley obliga a proveer, principalmente las de nutrición, hidratación y oxigenación pueden ser interpretadas, según el caso, por el paciente o sus representantes legales como acciones que prolongan la agonía de una persona sin posibilidad de recuperación, y también según el caso, estas prácticas pueden resultar cruentas o invasivas en una etapa terminal de enfermedad”, opinó el legislador de la bancada progresista.
Por ello, según Birri, urge modificar la ley provincial “en el sentido de poner la autonomía de decisión de todo procedimiento médico o biológico en manos de la expresa voluntad del paciente o su representante legal, en consonancia con la legislación nacional en la materia y con la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.
