Córdoba (1/11/18). El interbloque Cambiemos pidió la derogación de la ley 10.110 (Servicio de grabado indeleble en autopartes) ante la polémica que se desató luego de que el Gobierno provincial decidiera rescindir el contrato con la empresa Grababus por deuda y evasión impositiva. La principal bancada opositora volvió a hablar de «estafa» a los cordobeses y desde el oficialismo le recordaron que este servicio también se presta en los distritos gobernados por Cambiemos: CABA y Buenos Aires.
«Desde el 2016 que le venimos pidiendo a la Provincia no sólo que derogue la ley sino de que dé de baja el contrato. Nunca hemos tenido respuesta. Estamos hablando de casi tres pedidos de informes por año y no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del oficialismo, hoy lo volvemos a pedir dadas las circunstancias que se conocieron».
Así se pronunció el referente parlamentario de Cambiemos, Orlando Arduh, en diálogo con Agenda 4P ante la medida que adoptó el Gobierno de Schiaretti de rescindir el contrato con la empresa Grababus por deudas y evasión impositiva. No obstante, el oficialismo ratificó la vigencia de la ley y no dio lugar al reclamo de radicales y juecistas.
El jefe de la bancada radical afirmó que este servicio a cargo de Grababus «no sólo ha sido una estafa a los cordobeses sino que ha sido un gran negocio de esta empresa». Al respecto, Arduh habló de las cifras recaudadas por la concesionaria: más de 120 millones de pesos en el 2016 y en el 2017, de más de 180 millones de pesos.
«No sabemos que ha hecho la Provincia con el cánon que le cobraba que era del 8 por ciento. No sabemos los destinos de los fondos y de los costos», cuestionó el radical a la hora de demandar información en detalle del Ejecutivo cordobés acerca de esta concesión por un servicio que la oposición considera una «estafa».
En cuanto a las razones que aduce el Gobierno provincial para dar de baja el contrato con Grababus, Arduh destacó que «la Provincia hoy no puede dar las explicaciones del caso porque no puede defender lo indefendible».
«Tener casi 40 millones de deuda impositiva cuando una empresa a facturado más de 120 millones de pesos un año y 180 millones otro año, y ha facturado en total cerca de 500 millones, saquemos la cuenta que un tercio es el costo, podemos ver lo que gana la empresa. Podría haber pagada perfectamente bien 40 millones», advirtió la espada legislativa de Cambiemos.
En este plano, Arduh reafirmó que el Gobierno tiene que dar las explicaciones por este caso, pero sobre todo enfatizó que «le tiene que dar una respuesta a los cordobeses».
En la sesión de este miércoles de la Unicameral, el juecista Juan Pablo Quinteros, en representación del interbloque opositor, pidió la derogación de la norma a través del tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley impulsado por los legisladores de Cambiemos y los parlamentarios Aurelio García Elorrio y Liliana Montero.
En su duro planteo, el férreo opositor demandó que se derogue esta ley que «vino saquear los bolsillos de los cordobeses». También pidió que se implemente un sistema para que «todos aquellos que han hecho una transferencia o han inscripto un automotor en la Provincia de Córdoba en los últimos años pagando este impuesto, se le devuelva el dinero que han pagado porque esto ha sido abonado de buena fe por ciudadanos cordobeses que han sido estafados».
Contraofensiva oficialista
Desde el bloque de Unión por Córdoba, el legislador Daniel Passerini fue el encargado de salir a responder las críticas y el reclamo de Cambiemos para que se derogue la norma que creó el servicio de grabado indeleble de autopartes de autos y motos en la Provincia de Córdoba.
El delasotista le dijo a este medio digital que la ley está vigente y que el bloque oficialista no tiene pensado derogarla. Si aclaró que hay una suspensión de 180 días a raíz de la situación que se produjo con Grababus.
Al rebatir los cuestionamientos de radicales y juecistas, Passerini argumentó que esta misma ley que tiene poco más de dos años de vigencia en Córdoba «comenzó a regir en el año 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por iniciativa del por entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri».
Asimismo, el parlamentario oficialista resaltó que se aplica en la provincia de Buenos Aires, desde tiempos de la gobernación de Daniel Scioli y ahora sigue vigente con la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal. También recordó los casos de San Juan y Mendoza.
«El grabado de autopartes es una medida que toman las provincias con el objeto de reducir el mercado clandestino de ventas de repuestos. Córdoba ha logrado un resultado parcial porque la mayoría de los desarmaderos clandestinos han dejado de funcionar. Y claro, obviamente, si uno mira el número de robos de autos y de motos, los números que se muestran son negativos», expresó.
En ese sentido, pidió darle tiempo a la norma cordobesa para medir los resultados: «Una ley con dos años de vigencia, no tiene un desarrollo como para juzgar si ha servido o no ha servido». Con esto descartó hacer lugar a la demanda opositora de derogar la ley en cuestión.
«El incumplimiento expreso y probado de la empresa que había ganado la licitación obliga a la Provincia a tomar esta medida por decreto y esperemos que en la medida que se resuelva, sirva no sólo para mejorar el servicio sino para garantizar que el espíritu y el objeto que plantea la ley se cumpla en el mediano plazo», concluyó Passerini.
