Córdoba (5/5/20). «El Gobierno y la Justicia son insensibles ante las necesidades de la gente», afirmó la parlamentaria de izquierda ante la resolución judicial. De todos modos, adelantó que apelarán el rechazo a la cautelar por los planes sociales.
«Estamos frente a una nueva violación de los derechos de las personas más desprotegidas. Como ya hemos dicho, el Poder Judicial de Córdoba debería llamarse ‘Agencia Córdoba Justicia’ porque es adicta al Gobierno y defiende todas sus políticas, usando argumentos ridículos para rechazar cualquier reclamo justo».
Así se pronunció este martes la legisladora Luciana Echevarría (MST -FIT Unidad) al cuestionar la resolución de la Justicia y adelantar que la apelarán la decisión judicial de rechazar la cautelar por los programas de empleo.
Echevarría presentó amparo colectivo contra la suspensión de los programas de empleo de la Provincia
En su dura crítica a la Justicia, la parlamentaria advirtió que la respuesta judicial al pedido formulado se basa en que «los beneficiarios no pueden acreditarse la relación laboral o que no está claro de trabajo remoto» y señaló que «eso podría resolverse con una simple declaración jurada del beneficiario o de su empleador».
En este sentido, Echevarría aseguró que “lo que queda claro es que tanto el Gobierno como la Justicia son insensibles ante las necesidades y derechos más básicos de los sectores más desprotegidos de la sociedad».
La dirigente opositora apuntó contra el mandatario provincial a quien acusó de «abandonar a su suerte» a los beneficiarios de estos planes. «Se llaman programas de empleo pero lo cierto es que tienen un carácter esencialmente alimentario», acentuó.
Al hacer foco en el «salario altísimo» y los «privilegios» que rodean a los jueces, la legisladora de izquierda afirmó que no son capaces de «entender la desesperación de una familia que se queda sin su único y exiguo ingreso», y es por ello que renovó su planteo de «cambiar de fondo el sistema judicial».
Para Echevarría, eso implica que los magistrados cobren un salario como el de un directo de escuela; estén obligados a asistir al hospital público y envíen a sus hijos a la escuela pública y sobre todo, «ser elegido y revocado por el voto popular, como venimos proponiendo y ya ocurre en muchos países», concluyó.
