Quieren saber el destino de los fondos agropecuarios recaudados por la provincia
Córdoba. La titular de la comisión de Agricultura, Alejandra Matar presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial para que explique cuál fue el destino de lo recaudado por los fondos agropecuarios FoMaRFiN (Fondo Mantenimiento Red Firme Natural), FoCC (Fondo de Consorcios Canaleros) y Fondo para el Desarrollo Agropecuario (Ley 9456), durante el ejercicio 2012.
También, la legisladora radical requiere detalles precisos sobre las regiones de la provincia y obras específicas donde los mismos fueron asignados.
En los fundamentos, se advierte que la remisión de la Cuenta de Inversión a la Legislatura desde del Poder Ejecutivo, muestra los ingresos que, por diversos conceptos ha percibido el gobierno. Entre ellos los fondos del sector agropecuario que, según puede observarse en el mencionado documento, han tenido una sobre recaudación que va del 7 al 19 por ciento, según el fondo de que se trate.
“Lo cierto es que los productores rurales aún esperan obras que procuren paliar los efectos de las inclemencias del tiempo, como así también aquellas que tienen que ver con el mantenimiento de la red de caminos, vía indispensable para sacar la producción de sus campos”, afirmó Matar.
“Creemos que es deber del gobierno no solo informar los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio concluido, sino también explicar en qué han sido empleados los recursos provenientes de los fondos agropecuarios”, agregó la autora del proyecto de resolución.
Reinserción laboral de presos
El legislador Rodrigo de Loredo propone la creación de un régimen laboral especial para ex presidiarios a los fines de lograr su reinserción social a través del trabajo.
Dicho régimen laboral incluye a aquellas personas que hayan cumplido la condena impuesta por la autoridad judicial dentro del Servicio Penitenciario de Córdoba por un período mayor a seis meses y que posean domicilio o residencia en el territorio provincial.
Se excluye de este régimen a quienes hayan sido condenados por delitos contra la vida o la integridad sexual, precisó De Loredo.
Sobre la finalidad de la iniciativa, el parlamentario destacó que “los objetivos que se persigue es lograr la readaptación social de ex presidiarios a través de su reinserción laboral; brindar a través del trabajo medios económicos para la subsistencia” y, de esa manera, “disminuir los índices de reincidencia”.
Para poder cumplir con estos fines, el proyecto establece la obligación del Estado provincial de emplear a estas personas en una proporción no inferior al 0,5 por ciento de la totalidad de su personal. Y en los casos de empresas que resulten adjudicatarias de obras y servicios públicos, deberán hacerlo en una proporción no inferior al 2 por ciento.
Por otro lado, fijar un incentivo para el sector privado que de empleo a personas con estas características, que “consiste en imputar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el equivalente al 50 por ciento de las remuneraciones nominales que perciban aquellas personas”, manifestó.
Impulsan marco regulatorio para los Centros de Desarrollo Infantil
En tanto, la legisladora Elisa Caffaratti presentó un proyecto de ley, que tiene por objeto la promoción y regulación de las acciones que implementan los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil que funcionan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
Dichos centros, deberán ser espacios integrales de desarrollo, atención y estimulación temprana de niños y niñas de hasta 3 años de edad, «en pos de garantizar los derechos de la infancia establecidos en la norma nacional Nª 26.061 y la ley provincial Nº 9.944, sus decretos reglamentarios y los tratados internacionales ratificados en nuestra Constitución Nacional», fundamentó Caffaratti.
Además, la parlamentaria radical, propone que se instituya un Registro Provincial de los Centros de Desarrollo Infantil a los fines de generar un ámbito de seguimiento y control y centralizar la información de todos los centros a nivel provincial.
