Córdoba. Con manifestación de protesta de los vecinos que integran la agrupación “Bouwer sin basura” que se oponen a la radicación de un nuevo predio para el enterramiento de residuos sólidos a 600 metros de dicha localidad, los legisladores del oficialismo junto a sus pares del radicalismo, sancionaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que expropia los terrenos para dicho fin.
Con los votos de la mayoría, de la UCR y del legislador Rubén Borello aprobaron la iniciativa que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de tres inmuebles para ser utilizados por Cormecor para las etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de la ciudad de Córdoba.
En tanto, los bloques del Frente Cívico, Izquierda Socialista, Encuentro Vecinal Córdoba y Unión PRO se expresaron por la negativa de expropiación de los terrenos.
Hubo momentos de tensión, reproches entre legisladores y hasta expresiones por parte de los vecinos que pudieron ingresar a las gradas del recinto – a instancias de la legisladora Liliana Olivero- tildando de “asesinos” a los parlamentarios que sancionaron la ley. Esto molesto al bloque oficialista que responsabilizó -por las acusaciones recibidas- a la legisladora del Frente de Izquierda.
Avanzada la tarde, mientras se debatía la expropiación de los terrenos para uso de Cormecor, se conocía el allanamiento pedido por el fiscal Senestrari en la Central de Policía y la detención de 5 policías, en el marco de la investigación por supuesta conexión entre uniformados y el narcotráfico.
Esto avivó los ánimos aún más, desde el bloque del Frente Cívico pidieron la aprobación de un proyecto que solicitaba la inmediata interpelación del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, iniciativa que fue rechaza por UPC. Luego, la titular de la bancada juecista, redobló la apuesta y pidió la renuncia de Paredes y de la cúpula policial.
Desde el oficialismo, al término de la sesión, dieron una conferencia de prensa para criticar -en duros términos- la actuación del fiscal federal Enrique Senestrari, calificándolo de militante kirchnerista, que actuaba bajo una operación política y conforme a los intereses del gobierno nacional.
Expropiación de terrenos: voces a favor y en contra
La bancada de UPC y el radicalismo defendieron la iniciativa respaldada en el informe técnico del ISEA de la UNC, y asegurando, que se seguirán los protocolos para no perjudicar a los vecinos.
“El Ejecutivo provincial lo que ha hecho es comprometerse a poner los recursos para adquirir estos terrenos, basados en un informe de la UNC, que está dando el primer acto a esto, lo cual no significa que después -con posterioridad- no se deban seguir los protocolos y que los intendentes (Cormecor) deban tomar la decisión de qué y cómo lo van a hacer para que sea correcto y no perjudique a la población”, afirmó el legislador Carlos Gutiérrez (UPC).
A su vez, destacó: “si no se cumpliere lo que está previsto en el propio proyecto, es decir en segundas o terceras etapas, respecto de la utilización y de la profundización de los estudios, esa expropiación no se efectuará”.
Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Yuni justificó el acompañamiento de la UCR al proyecto, señalando que deberá cumplirse con las normativas provinciales y nacionales de medio ambiente.
“Esta es la primera fase -declaración de utilidad pública-; si luego los estudios de impacto ambiental y los estudios técnicos no cumplen con la normativa vigente (medio ambiente) no van a poder realizar la expropiación y no se va a poder llevar a cabo el enterramiento”, afirmó.
Desde el bloque Unión PRO, el legislador Javier Pretto manifestó que la iniciativa aprobada, “no reúne una condición elemental; es que la localización de los terrenos no está a una distancia suficiente que establecen las normas técnicas, como un parámetro excluyente, para poder realizar una actividad como ésta”.
“Al no reunir este parámetro, tan elemental y básico, como que el terreno este a más de 3 km. de un asentamiento urbano –uno de ellos está a 700 metros– lo demás ya no tiene sentido”, añadió.
En tanto, Liliana Olivero (FIT) rechazó el proyecto y denunció “un pacto radical- peronista, que tiene que ver con darle la utilidad pública y expropiación a terrenos que obviamente los estudios que ha hecho la universidad a través del ISEA son incompletos, y además, están pensando radicar este tipo de tratamiento de la basura en zonas ya completamente sacrificadas”.
El parlamentario de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio basó su rechazo a la iniciativa por la falta de debate en la Unicameral: “Voto en contra porque no se ha debatido en la Cámara, y los legisladores merecemos que lo mismo que se ha tratado en el Cormecor y el informe de la UNC, debía ser desarrollado como corresponde”.
“La Legislatura le debe al pueblo de la provincia de Córdoba un debate ambiental”, subrayó, García Elorrio.
Críticas desde la Funam
Su titular, Raúl Montenegro declaró a Agenda 4P que “toda la zona de Bouwer peleó para que se cerrara el vertedero y se cerró por los efectos sobre el ambiente, por los efectos sobre la salud”. A lo que agregó: “Resulta que, donde se enterraron 12 millones de toneladas, y donde ni siquiera se hizo un esfuerzo de remediación, ahora a 600 metros de ese mismo lugar, pretenden colocar un vertedero de casi 400 hectáreas para unas 24 millones de toneladas, durante 30 años”.
Además, responsabilizó a Mestre y De la Sota por fundar su decisión en un “informe mal hecho por un grupo de trabajo del ISEA” y calificó a la zona de Bouwer como “zona de sacrificio ambiental y de sacrificio de salud”.
Asimismo, precisó que en la municipalidad hay una Dirección de Impacto Ambiental y que “tiene capacidad técnica para detectar los errores de ese estudio”.
Por ello, anticipó que harán la presentación administrativa ante el municipio, para que los funcionarios pongan la firma prestando acuerdo al estudio del ISEA y que “se hagan responsables de los efectos civiles y penales”.
