Córdoba. El Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales difundió un análisis de los incrementos registrados por el impuesto inmobiliario urbano, en los últimos cuatro años.
La entidad señaló -en su informe- que “hasta el año 2010 el impuesto inmobiliario urbano se mantuvo constante, pero ese año el gobierno de la provincia dispuso incrementos de hasta el 48 por ciento, dando comienzo a un período de continuos incrementos”.
En el año 2011 se incrementó entre un 7 por ciento y un 16,5 por ciento, en 2012 los incrementos variaron entre el 27,3 por ciento y el 49 por ciento, y en el corriente año el incremento fue del 58 por ciento. En el total del período 2010-2013 el incremento acumulado estuvo entre el 110,9 y el 305,9 por ciento, precisaron fuentes del Cippes.
Además, en relación a la inflación, consideraron que en los últimos dos años los incrementos la superaron ampliamente, en especial el último año (58 por ciento) y que “hubiera sido más conveniente una evolución más armónica con la evolución general de los precios y los salarios”.
El principal dato en el cual focaliza su crítica el Cippes, es el incremento del 58 por ciento en el presente año para todas las propiedades (excepto para algunos sectores muy puntuales), “sin distinguir entre aquellas de mayor y menor valor, como sí se había hecho hasta ese momento”, señalaron.
Lo que trajo como consecuencia, “inequidades entre contribuyentes, resultando desfavorecidos nuevamente quienes menores ingresos tienen, para quienes afrontar un incremento como el de este año significa un gran esfuerzo”, destacaron.
En relación a las causas de los aumentos, explicaron que “surgen de la combinación de los incrementos en las bases imponibles (el valor que para el Estado tiene la propiedad), modificación de las alícuotas y, desde el año 2011, a la incorporación de la contribución específica -mediante fondos no coparticipables con municipios- para el financiamiento del sistema educativo”.
A su vez, cuestionaron “la falta de transparencia en la información pública relacionada al impuesto inmobiliario”. El Cippec basó dicho planteo, en que no se pudo acceder a información desagregada de la recaudación total y mensual del impuesto inmobiliario, discriminada entre inmobiliario básico urbano, básico rural y adicional.
