Córdoba. La legisladora radical, Alejandra Matar solicitó al gobierno delasotista que informe las razones por las cuales 5 programas destinados al agro no han comenzado a ejecutarse y que suman en total, para este año, un poco más de $15 millones. Pidió su aprobación en la última sesión de la Unicameral, la cual fue rechazada y girada de nuevo a comisión por parte de la mayoría oficialista.
El total presupuestado para los 5 programas haciende a $15.120.000, fondos que, según Matar, no han sido ejecutados por el ministerio de Agricultura. En conjunto, los programas 258, 260, 261, 262 y 263, contemplan “aspectos tan importantes como el fortalecimiento y acceso de pequeños productores a distintos factores de la producción y fiscalización sanitaria”, señaló la parlamentaria.
Así también, al “control y prevención de los procesos de degradación de suelos, prácticas de manejo sustentable de los suelos y promoción de la educación conservacionista”.
Para la legisladora del bloque UCR, que ocupa la presidencia de la comisión de Agricultura en la Unicameral, dichos programas arrojan “resultados positivos cuando son aplicados en forma ininterrumpida”.
“Si se procede a fiscalizar, controlar o fortalecer determinadas áreas o zonas en un momento determinado del tiempo, son meramente paliativos ya que carecen de la eficiencia” que se busca, en soluciones a largo plazo, argumentó.
Duras críticas a Scalerandi
La titular de la comisión de Agricultura, reclamó la falta de respuestas a los pedidos de informe del ministerio de Agricultura, “nos tiene acostumbrados a no responder”, afirmó.
“Creemos que este ministro (Néstor Scalerandi), imputado por la Justicia por actos que no se corresponden con la embestidura de un funcionario público, debería estar en otro lugar y dejar en ese ministerio a gente comprometida con el ruralismo”, declaró Matar.
A lo que agregó: “Y que, con el poco presupuesto asignado a esa cartera, ejecute las partidas acorde a las necesidades del sector”.
Cabe recordar que Scalerandi está siendo investigado por una conexión irregular al tendido de energía eléctrica que fue corroborada, tiempo atrás, en un inmueble de su propiedad, ubicado en la localidad de Anisacate.
