Córdoba. Nuevamente, la sesión legislativa fue el ámbito de debate entre oficialismo y núcleo opositor por la polémica Tasa Vial implementada por el gobierno delasotista. La mayoría de UPC sin el acompañamiento de sus circunstanciales aliados, sancionó la ley enviada por el Ejecutivo cordobés, por la cual, la provincia aportará el 20 por ciento de lo recaudado por la tasa para que los municipios destinen esos fondos a ejecutar obras viales.
Está claro que todo aporte de fondos para que los jefes comunales del territorio provincial hagan obras de mantenimiento o mejoras en la red vial en sus respectivas jurisdicciones, es bienvenido y reconocido por los municipios, pero la polémica giró sobre la inconstitucionalidad de la Tasa Vial y el reparto discrecional del gobierno delasotista de fondos que recauda la provincia.
Todo el arco opositor reiteró sus cuestionamientos a la implementación de la tasa a los combustibles. Legisladores de las distintas bancadas de la oposición sostuvieron que es “impuesto” y la calificaron de “ilegal”, “confiscatoria” y con “ilegitimidad de origen”. Además, de destacar su inconstitucionalidad por doble imposición de impuestos que se pagan con la carga de combustible en el territorio cordobés.
El legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca manifestó que es “un oportunismo del gobierno que compromete a los intendentes con el apoyo ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia baje la tasa vial”. Al mismo tiempo, reiteró que “esto siempre fue un impuesto”.
“Esto es una puesta de escena”, criticó el legislador del bloque juecista, que atribuyó a De la Sota.
En tanto, expresando el rechazo al proyecto del PEP, el titular de la bancada radical, Eduardo Yuni destacó que “ningún proyecto que intente enmendar lo que nació mal puede ahora estar bien, por más que ello implique –tal vez– que algunos municipios o comunas se beneficien con una parte de esos recursos”.
Yuni recordó que el gobernador De la Sota con motivo de sus promesas de campaña proselitista redujo en un 30 por ciento los impuestos provinciales coparticipables, disminuyendo ostensiblemente, por lógica consecuencia, los fondos de coparticipación que correspondían a los municipios y comunas; y al mismo tiempo creó numerosos Fondos Especiales que “engrosaron sus arcas, sin que se dispusiera su coparticipación a los gobiernos locales”, añadió.
Tanto radicales como juecistas, le reclamaron al mandatario provincial, que coparticipe a los municipios y comunas los impuestos nacionales, y también los fondos especiales. Asimismo, levantaron sus críticas por la discrecionalidad del manejo de los fondos que se otorgan a municipios oficialistas y de otros signos políticos.
Tanto así, que el presidente provisorio, Oscar González, que estaba presidiendo la sesión, bajó del estrado para ocupar su banca y de esta manera, poder rebatir los cuestionamientos de la oposición hacia la política delasotista con los municipios.
El ex jefe de gabinete enumeró las acciones y fondos que se distribuyen a las intendencias locales, en ese sentido, González resaltó el Pacto de Saneamiento Municipal; la Mesa Provincia-Municipios; Fonfindes, y el Fondo permanente para obra pública, entre otros.
La discusión política continuó, llegado su turno, el radical Rodrigo De Loredo (férreo opositor a la Tasa Vial) apuntó sus críticas al gobernador, al respecto, señaló: “El gobernador de la provincia tiene un discurso que pareciera ser Justo José de Urquiza en la Nación y Bartolomé Mitre en la provincia, porque el centralismo que se aplica es evidente”.
A renglón seguido, el parlamentario reclamó el reparto discrecional de los fondos y la discriminación a municipios.
Por su parte, el vecinalista Aurelio García Elorrio (EVC) expresó que «para que inventar tributos, por la tasa vial, si los impuestos legítimos como el inmobiliario rural no se cobran”.
A lo que reiteró su planteo hecho al oficialismo, de que organice su base tributaria, que revea los impuestos legítimos que tiene la provincia de Córdoba, como el inmobiliario rural. Como así también, repensar el tema de las rentas financieras y el juego.
Desde el FIT, Cintia Frencia cuestionó el “carácter confiscatorio de la Tasa Vial a los trabajadores” y la calificó de “ilegítima, ilegal y confiscatoria”. Por su parte, el socialista Roberto Birri hizo hincapié en la ilegitimidad de origen del polémico tributo.
Además de Gónzalez, defendieron la medida del Ejecutivo provincial (otorgar el 20 por ciento de la Tasa Vial para obras en los municipios), los legisladores oficialista Ricardo Sosa; José Monier y Sergio Busso.
Finalidad de la ley
Según el proyecto convertido en ley, los dineros se asignarán al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales, con la salvedad de que en este caso se trata de sumas no reintegrables, por cuanto los municipios no deberán devolverlas al gobierno provincial.
A su vez, se consigna que los dineros, equivalentes a la quinta parte de lo recaudado por la tasa al consumo de combustibles en la provincia, volverán a los gobiernos comunales para que ellos los destinen “al mantenimiento, conservación, modificación, mejoramiento del trazado vial de carreteras, autovías, autopistas, nudos viales, calles, avenidas y demás vías públicas de circulación automotor, dentro de sus radios y bajo jurisdicción municipal o comunal”.
También se aclaró que el ministerio de Gobierno y Seguridad y el de Finanzas deberán establecer los mecanismos para la rendición de cuentas y la inversión de las sumas destinadas.
Chiófalo regresó a su banca
María Amelia Chiofalo dejó su cargo en la Secretaría de Lucha contra la Trata y se reincorporó a la banca del bloque oficialista. Adujo motivos personales en su decisión de dejar la función ejecutiva y regresar al ámbito legislativo.
