Córdoba. En la sesión de este miércoles, el bloque de la mayoría acompañado por el vecinalismo de García Elorrio (EVC) sancionará la ley, previa compatibilización de los dos proyectos en tratamiento en comisión, que apunta a mitigar los efectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia –que el TSJ debió acatar pese a su postura contraria- en materia de prisión preventiva cuando todavía no media sentencia firme.
La comisión de Asuntos Constitucionales, comandada por el oficialista Juan Manuel Cid, se tomó dos semanas para hacer las consultas y sumar aportes para avanzar en el Despacho que aprobará el pleno legislativo.
Pese a las críticas que surgieron de las algunas instituciones, entre las cuales, se encuentra el Colegio de Abogados de Córdoba, que defendió el actual modo de aplicación de la prisión preventiva, el oficialismo impulsará la aprobación de la iniciativa en la sesión de esta semana.
La medida fue anticipada en la sesión pasada por el titular del bloque de UPC, Sergio Busso, donde el bloque de la mayoría pidió preferencia de tratamiento para la próxima sesión ordinaria, es decir, este miércoles.
Cabe destacar que con motivo de la presentación de su proyecto de ley, Busso había expresado que el fallo de la Corte “ha causado un desconcierto generalizado en las cámaras del Crimen que deben decidir sobre si excarcelan o no a individuos que ya fueron condenados, pero que por haber apelado, pueden ahora pedir la libertad, y poner en riesgo a sus víctimas y a los testigos que los acusaron”.
Por su parte, el vecinalista Aurelio García Elorrio (EVC) -autor de la otra iniciativa- sostuvo que lo que se busca es “disminuir los efectos nocivos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a los tribunales de Córdoba a mantener en libertad a las personas sometidas a proceso hasta que quede firme la condena judicial”.
El objetivo central de los parlamentarios, con la sanción de la ley, es que se mantenga “la prisión preventiva del victimario, cuando la libertad del mismo aumente el riesgo de victimización y revictimización de las personas que han padecido las consecuencias de un delito”, indicó García Elorrio.
Para ello, se debe efectuar una reforma al artículo 281 del Código Procesal Penal cordobés, que mantiene la prisión preventiva aún sin sentencia.
