Córdoba. La presentación en Tribunales II, realizada este viernes, contra el gobernador José Manuel De la Sota, es por abuso de autoridad, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los legisladores Fonseca y Clavijo advirtieron que hubo desvío de fondos que se recaudaron por la Tasa Vial que fueron destinados a pagar deuda de obra pública del período 2005-2011.
En la mañana de este viernes, las “espadas” juecistas en la Unicameral, acompañados por el abogado Carlos Nayi, ingresaron la denuncia penal en Tribunales II contra el mandatario provincial. Además comprende a los funcionarios que pudieran ser responsables del supuesto desvío de fondos de la cuestionada tasa que impulsó De la Sota en los combustibles.
En su denuncia, los parlamentarios Ricardo Fonseca y Santiago Clavijo (Frente Cívico) cuestionaron que no figura en el articulado de la ley 10.081 que se disponga que de lo recaudado por la Tasa Vial sea utilizado al pago de deuda contraída con anterioridad.
En el momento de su sanción -recordaron los legisladores- se señaló que dicha tasa tenía como finalidad única “el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado de la red caminera provincial”.
Tras la presentación de la denuncia, Fonseca precisó que “por una respuesta oficial por parte del gobierno de la provincia, que $602 millones de los 844 que se habían recaudado ante el primer trimestre del 2014, fueron usados para pagar deuda del año 2005-2011”.
Esto -advirtió el legislador juecista- vulnera el artículo primero y “el espíritu de la ley 10.081 que no es retroactiva sino que se aplica desde el 7 de septiembre (2012) en adelante. Y que sea a autorizado espuriamente pagando deuda, sacando de la asfixia financiera al gobierno de la provincia”.
Para Fonseca, el gobernador y el ministro de Obras Públicas, deben explicar “en donde están los 600 millones de pesos que faltan y que fueron utilizados con la Tasa Vial para cancelar esa deuda”.
Por su parte, el letrado Carlos Nayi, aclaró en primer término que el delito que se pide investigar es por “malversación de caudales públicos” y la probable comisión de los delitos de abuso de por ley de los deberes de funcionario público”.
