Córdoba. Por la semana que se vivió en torno al conflicto por la empresa Ciudad de Córdoba que derivó en medidas de fuerza de los choferes en perjuicio de los pasajeros del transporte público, el Defensor del Pueblo de la provincia pidió una ley que garantice la prestación de servicios mínimos, en consonancia con una iniciativa de un núcleo de legisladores oficialistas que la impulsaron en su momento y que tuvo el rechazo de los gremios.
La intención de la Defensoría es que se incluya también al transporte público de pasajeros como servicio esencial, argumentando que “constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de otros derechos esenciales”.
En su retorno a la Defensoría, Mario Decara busca a través de este proyecto garantizar “la continuidad y regularidad mínimas” para la vigencia de la prestación de los servicios esenciales.
Por esa razón, establece que “las medidas de fuerza que afecten la prestación de un servicio público sean comunicadas con una anticipación de tres días; y que 24 horas antes se presente ante la autoridad que corresponda para su evaluación un plan sustentable de prestación de servicios mínimo que se mantendrá durante el conflicto”.
Asimismo, se dispone que la empresa u organismo prestador del servicio “sea responsable de garantizar la ejecución del plan de servicios mínimos y de comunicar a los usuarios al menos con un día de anticipación y por todos los medios a su alcance las modalidades de funcionamiento del servicio durante el conflicto”.
En su “polémica” iniciativa, el Defensor del Pueblo fija como “falta grave” el incumplimiento de estas medidas y que se dé lugar a la aplicación de sanciones que vayan hasta los 30 días de arresto para el caso de que se produzcan ocasiones con “escándalos o molestias a terceros” en el marco del conflicto.
También que se exijan “medidas reparatorias” cuando se perpetren daños al patrimonio público.
En función de la medida “intempestiva” adoptada por los choferes nucleados en la UTA que dejó sin servicio a los usuarios y la actual coyuntura nacional, Decara advirtió que si se empiezan a multiplicar “los reclamos y medidas de fuerzas de entidades gremiales”, se genere “el consecuente riesgo de que los ciudadanos de nuestra provincia se vean privados de los medios por los cuales hacer efectivo el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales”.
