Córdoba. El bloque oficialista -en soledad- aprobó la ley impulsada por el Ejecutivo provincial que otorga a los ministerios de Infraestructura y de Agua y Ambiente la facultad de realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar obras (cualquier fuera su monto). El arco opositor completo (FC, UCR, EVC, PRO, Socialismo, FPV y FIT) rechazó la sanción de la norma. El Radicalismo argumentó más “oscurantismo y discrecionalidad” en la utilización de fondos específicos. Para el Juecismo y el vecinalismo se otorgarán más “superpoderes” a los mencionados ministerios. Reproches al gobierno por promesa incumplida de gasoductos y utilización de fondos de Tasa Vial para pagar deuda anterior.
Tras recibir duros cuestionamientos de los bloques opositores por el otorgamiento de “poderes omnímodos” a los ministerios de Infraestructura y de Agua y Ambiente para el manejo discrecional de fondos específicos, la bancada de UPC aprobó la iniciativa enviada por De la Sota que según el oficialismo viene a “corregir una asimetría” en estos ministerios con respecto al resto de la administración pública.
Ante el argumento oficial de que con esta modificación se salva un error de interpretación que genera algunos inconvenientes en materia de contratación y que se devuelven facultades que antes tenían los ministerios en cuestión, el legislador Ricardo Fonseca (FC) cuestionó que se están dando “poderes omnímodos al ministerio de Infraestructura y al ministerio de Agua para que discrecionalmente manejen fondos”.
En ese marco, el parlamentario reprochó que el ministerio encabezado por Hugo Testa, no supiera explicar “una gran contradicción” en la utilización de la Tasa Vial para pagar “deuda vieja” y reasignaciones de nuevos precios para la obra pública de $500 millones entre 2013 y 2014.
“Precisamente, el ministerio de Infraestructura es importantísimo -y el de Agua, también- para el gobernador de la provincia y poder aplicar concretamente las obras que está realizando en su campaña presidencial, lo que supone en este caso también una arbitrariedad en el manejo de las expropiaciones de la ruta 36”, apuntó Fonseca.
En ese sentido, señaló que según De la Sota, “hay que terminarla si o si antes de junio de 2015”. “No importa lo que se gaste, no importa cómo se haga, no importan los fondos, total la pagan todos los queridos cordobeses del gobernador y fundamentalmente, los ciudadanos en forma de la contribución que realizan todos los meses”.
Quien también criticó la gestión del delasotismo por ser “muy malos administradores” fue el vecinalista Aurelio García Elorrio, quien rechazó la ley al sostener que se otorgan “más superpoderes al Estado y la imposibilidad de controlar el gasto público”.
“El que no lo acompañemos, no es un acto de odiosidad, es un acto de prudencia”, subrayó. Al mismo tiempo, recordó que Córdoba tiene una deuda pública veinte veces superior a la de Santa Fe y Mendoza.
Promesa incumplida
Por el lado del Radicalismo, Rodrigo De Loredo, se refirió a la norma aprobada por el oficialismo, afirmando que “es más oscurantismo y más discrecionalidad por parte de los ministros para la utilización de estos fondos específicos”.
Al expresarse por la negativa, el radical hizo foco en argumentos y “hechos absolutamente tangibles” del no cumplimiento de obras prometidas por el gobierno a través de fondos que ya se recaudaron. “El gas natural por red sigue siendo una promesa incumplida para ciento de miles de cordobeses”, machacó.
“Son cinco subsistemas. No tienen gas natural por red, tendrían que tenerlo porque el ministro de Obras Publicas recaudó ya fondos suficientes para terminar esas obras y no se terminó”, acentuó en tono crítico.
La defensa del proyecto oficialista estuvo a cargo del titular de la bancada de la mayoría, Sergio Busso y del legislador y ex ministro, Ricardo Sosa.
“Lo que se está haciendo, previa discusión con el Tribunal de Cuentas, es corregir una asimetría que queda en uno de esos ministerios (Infraestructura) que no veo por qué no pueda usarlo como el resto de la administración pública”, manifestó Sosa.
En respuesta a las críticas opositoras, el ex ministro del gobierno schiaretista resaltó que “pareciera que se ha descubierto ahora esta facultad que tienen los titulares de fondos especiales de toda la administración pública. Hace 10 años que se viene ejerciendo”.
A su vez, el parlamentario oficialista opinó que “no hay nada inventado nuevo”, lo que hay es “un modo de utilizar las cuentas especiales de manera eficiente y efectiva con los mismos procedimientos administrativos que se maneja el resto de la administración pública”.
En esa misma línea, el presidente del bloque de UPC, enfatizó que la iniciativa aprobada por la Unicameral busca “devolverles facultades que ya tenían. Todos los ministros tienen hoy las facultades que va a tener Agua e Infraestructura” y aclaró además que “se respeta absolutamente las cuestiones que tienen que ver con los procedimientos y los controles”.
Afirmando que “la oposición está haciendo política nada más y no está hablando seriamente”, Busso aseguró que “por un error de interpretación se había dejado de lado dos ministerios importantes (Agua e Infraestructura) y lo que se hace es devolverles esas facultades. Repito, cumpliendo los procedimientos y las normas que habilitan este tipo de contrataciones”, concluyó.
Imágenes, Gentileza Prensa Poder Legislativo
