Buenos Aires. Con motivo de la publicación de las Declaraciones Juradas de los funcionarios del Ejecutivo nacional, la organización ciudadana destacó que si bien la publicación en internet es un avance, el acceso a la información en esta materia se vio seriamente restringido con la reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, mediante la Ley Nº 26.857.
Previo a la reforma, el art. 6 establecía un detalle minucioso acerca de la información que debía contener, tanto respecto de los bienes propios del funcionario público, de su cónyuge, los bienes que integraran la sociedad conyugal, los del conviviente, como la de sus hijos menores de edad en el país y en el extranjero, advirtió Poder Ciudadano en la presentación de su Informe sobre el tema en cuestión.
La ley 26.857, modifica esto y establece que las declaraciones juradas serán iguales a las que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantándose el secreto fiscal para estos casos (funcionarios públicos). Es decir que tienen la misma obligación que cualquier contribuyente.
“El problema radica en que ahora únicamente tendremos acceso a un formulario que muestra el monto total de cada categoría, pero que no refleja cómo se encuentra compuesta la misma”, expresó la entidad.
En ese sentido, valoró como “un grave retroceso” ya que a partir de la modificación de la normativa, “la ciudadana tiene menos acceso para ejercer un control adecuado de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, como así también de sus cónyuges e hijos menores, y de evaluar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”.
Además, se recordó que la normativa eliminó la creación de una Comisión de Ética Pública, organismo que debía funcionar como un órgano independiente con autonomía funcional en garantía del cumplimiento de la ley, y que nunca fue creada de hecho.
