Nacionales. Cien representantes de casas de altos estudio públicas y privadas debatieron recomendaciones de distintos organismos para que la formación de los futuros profesionales sea acorde a los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).
Convocados por los ministerios de Salud y Educación y por la Jefatura de Gabinete, cien representantes de casas de altos estudio públicas y privadas del país, debatieron las recomendaciones que organismos del Estado nacional, las provincias, especialistas y representantes de la Sociedad Civil elaboraron para que la formación de los futuros profesionales de Medicina, Psicología, Trabajo Social, Derecho y Enfermería sea acorde a los postulados vigentes en materia de salud mental y adicciones, confirmó este sábado la cartera sanitaria.
La jornada se dio en el marco del primero de los tres encuentros de trabajo previstos del proyecto “Lineamientos para Adecuar la Formación de Profesionales a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657”, realizada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA).
“La cuestión de la formación de los profesionales es clave para una adecuada aplicación de las leyes, por eso es central este trabajo donde las distintas universidades se involucran con el objetivo de aportar a la construcción colectiva con un verdadero cambio de paradigma en salud mental por uno inclusivo en lo social, plural en su abordaje y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas”, sostuvo el viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar.
Durante la apertura del encuentro -que se llevó a cabo a mediados de semana en el auditorio de Jefatura de Gabinete-, la directora nacional de Salud Mental y Adicciones, Matilde Massa, señaló que “estamos dando un paso histórico, el mundo académico y el ejecutivo trabajando juntos, en una misma dirección, alineando las currículas a la normativa vigente en el país”.
La funcionaria además sostuvo que “trabajar para mejorar la preparación de nuestros profesionales redundará en una mejor atención a la gente, respectando los derechos, acortando la brecha de atención en salud”.
Enmarcada en el artículo 33 de la Ley Nacional de Salud Mental, la iniciativa pretende generar un espacio de debate e identificación de estrategias para llevar adelante el proceso de incorporación de las recomendaciones emanadas de la Dirección Nacional, en tanto Autoridad de Aplicación de la norma, a partir de un proceso público de consultas a otros organismos de la Nación, las provincias, la OPS, expertos nacionales y extranjeros, sociedades científicas, organizaciones de usuarios y familiares, y representantes de la sociedad civil.
A partir de ese proceso de consultas y discusión, y en el marco de la autonomía que asiste a dichos espacios de formación, la CONISMA elaboró las “Recomendaciones a las Universidades Públicas y Privadas -Artículo 33 de la Ley Nacional Nº 26.657”, que fueron organizadas sobre cuatro ejes temáticos de la salud mental: el enfoque de derechos, la inclusión social, la interdisciplina e intersectorialidad y la salud pública.
Dichas recomendaciones abordan las representaciones sociales de la salud mental; los principios de no discriminación; la capacidad jurídica; el modelo social de la discapacidad; la perspectiva de género; la revisión de discursos hegemónicos sobre adicciones; la participación comunitaria, y los colectivos sociales vulnerados
Como así también, la accesibilidad; los dispositivos sustitutivos de establecimientos monovalentes; los adultos mayores; la interdisciplina; la intersectorialidad; la promoción de la salud mental; el enfoque comunitario y la clínica de la subjetividad; el abordaje de consumos problemáticos; las intervenciones en la infancia, entre otras.
Participaron también del encuentro otros funcionarios nacionales, y un panel de especialistas integrado por Vicente Galli, médico, psiquiatra y psicoanalista, codirector y profesor titular en los Cursos de posgrado de Políticas, Planificación y Administración de Servicios de Salud Mental; Hugo Fiamberti, trabajador social y asesor del Senado de la Nación; Alberto Calabrese, sociólogo especialista en adicciones de la DNSMyA; y Julia Contreras, directora de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, del INADI.
Se prevé que el segundo de los encuentros de trabajo se realizará a principios de diciembre, también en la CABA, mientras que el tercero será en marzo de 2015.
Como resultado de las jornadas de debate, los 100 representantes universitarios habrán elaborado un documento en el que se explicitarán los grandes marcos conceptuales que deberán integrarse a la actual formación disciplinar, articulándolo con las experiencias formativas que deberían transitar los estudiantes, en el marco de las recomendaciones de la CONISMA.
