Córdoba. En el marco del debate de lo que el oficialismo dio en llamar el Código de Convivencia (que suplantará al Código de Faltas), el legislador Roberto Birri (PS) consideró que el proyecto es parcial e insuficiente, invade al Código Penal, sin perjuicio de considerar un avance que la Legislatura finalmente trate el tema. Asimismo, demandó un cambio de paradigmas hacia un modelo de seguridad democrática.
El titular del bloque del Partido Socialista, sostuvo que el proyecto de ley que impulsa UPC en la Unicameral, es “parcial e insuficiente”, y que “si no se receptan las iniciativa propuestas por su bloque y por las organizaciones de la sociedad civil, no quedará saldada esta verdadera asignatura pendiente que tiene la democracia cordobesa”.
Birri, que es autor del proyecto de ley de reforma integral del Código que originó la formación de una Comisión Especial, afirmó que “es un paso adelante la sustracción de la facultad de juzgamiento que tienen actualmente los comisarios y sub comisarios, transfiriendo dicho poder a autoridades del Poder Judicial. Sin embargo, se queda a mitad de camino al seguir sin respetarse el principio del Juez natural, porque para que ello ocurra las sanciones deben ser impuestas por un Juez de Faltas, como la propia ley 8431 lo prevé, pero cuyo capítulo pertinente se mantiene suspendido por falta de presupuesto”.
“Los Jueces de Paz, que en Córdoba son no letrados en su inmensa mayoría, no tienen formación, capacitación ni habilitación para resolver sobre la libertad de decenas de miles de cordobeses que van presos todos los años por contravenciones”, añadió.
En ese sentido, Birri, expresó que “ha quedado lamentablemente a mitad de camino una de las reformas más importantes esperadas, que es la relacionada al artículo 15 que permite que el proceso contravencional se lleve a cabo sin abogado defensor. Un proceso que puede culminar en la pérdida de libertad (por arresto u otra pena) o de propiedad (por multa) no puede transcurrir sin que un abogado deba asistir al acusado”.
Según recientes estudios, el 95 por ciento de los detenidos no cuentan con un abogado que los defienda por no tener recursos para contratarlos y porque el Estado no tiene la obligación de proveérselos. “Ello resulta violatorio, por su efecto, de CN, articulo 18 y del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica”, advirtió el parlamentario.
En cuanto a la modificación de la figura del “merodeo en zona urbana y rural” (art.98 Ley 8431 ), “resulta insuficiente al no promover su total derogación, por ser una figura ambigua, abierta a la arbitrariedad que se caracteriza por alcanzar a la mayor parte de quienes, se ha dicho, conforman a ojos de las fuerzas de seguridad al “nuevo sujeto social peligroso” si tenemos en cuenta la selectividad con la que operan los efectivos policiales ya que las detenciones se realizan sobre la base de estereotipos raciales y sociales”, opinó.
Por otra parte, Birri subrayó que “la reforma impulsada por el oficialismo mantiene a favor de la Policía de la Provincia la potestad de detener a ciudadanos de manera preventiva sin que exista acusación concreta de haber cometido un hecho delictivo o contravencional, lo que atenta contra los más elementales estándares de derechos y garantías individuales”.
“Para un gobierno que tiene en el Código de Faltas un eje central de sus políticas públicas de seguridad, que el tiempo y los hechos han demostrado su total fracaso; las modificaciones propuestas son parciales e insuficiente”, remarcó el socialista.
Pero al mismo tiempo, valoró como positivo que la Legislatura se avoque al tratamiento de “una norma jurídica que ha generado innumerables manifestaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de centenares de miles de cordobeses que, con marchas multitudinarias o haciendo oír su voz de distintas maneras, resistieron y le doblaron el brazo a un gobierno que tiene una clara concepción autoritaria y represiva como modelo de seguridad pública”, concluyó Birri.
