Córdoba. Debido al fuerte temporal de lluvias que afectó a Sierras Chicas y otras localidades del territorio provincial, que demandará una etapa de reconstrucción de infraestructura vial y de viviendas, desde el arco oposito, Aurelio García Elorrio (EVC) propuso al oficialismo que dé respuesta a los cordobeses afectados a través de un Plan de emergencia habitacional en zona de catástrofe. Por su parte, desde el Frente Cívico, Santiago Clavijo destacó que “hoy lo urgente es atender la emergencia, pero también tener un Plan para avanzar en prevenir y en mitigar los efectos de futuras inundaciones.
A través de un proyecto de ley, presentado este martes en la Unicameral, el legislador García Elorrio, expresó la necesidad de establecer un plan de emergencia habitacional en las zonas afectadas del interior de la provincia por el temporal.
“Este proyecto intenta brindar una solución al pedido de numerosos vecinos de las diferentes localidades afectadas y particularmente al pedido que expresamente me llegó desde la Asamblea de Vecinos de B° Loza y B° San José reunidos en asamblea el día 25 de febrero de 2015”, argumentó el vecinalista.
En ese sentido, el parlamentario se hizo eco del pedido de los damnificados, al destacar que “el estado municipal y provincial intervenga ante los propietarios y las inmobiliarias para acelerar y facilitar el alquiler para los vecinos que están sin casas o que deben ser reubicados”.
“Esto se plantea a raíz de impedimento que se presenta por la negativa de inmobiliarias y /o propietarios, argumentando que no alquilan por seis meses”, apuntó.
Ante esta situación, García Elorrio propuso que se faculte al gobierno a confeccionar una nómina de propietarios comodantes, es decir, de aquellos que quieran poner de manera gratuita, sus inmuebles a disposición de los afectados, los que podrán, a su vez, hacer uso de los mismos por el plazo de seis meses, prorrogable por seis meses más por única vez.
En el artículo 3º de su iniciativa, el legislador establece que “el gobierno de la Provincia de Córdoba queda como garante para la correcta restitución del inmueble” y que en caso de no reintegrarse el inmueble en el plazo pactado, “el Estado Provincial se hará cargo de todos los gastos que demande la gestión de desalojo”.
Insistiendo en que la finalidad del proyecto de ley, surge del acta que los vecinos de Río Ceballos le hicieron llegar, donde le piden una solución a su problema habitacional, el representante del bloque EVC, sostuvo: “Como legislador provincial tengo el deber de hacer escuchar su reclamo” e “insto a los demás legisladores a acompañar y aprobar este proyecto”, concluyó.
Desde la bancada juecista, Santiago Clavijo, subrayó que hoy la acción está concentrada en atender la emergencia, lo que no quita poner atención en definir un Plan para futuros casos. “Hay que abrir la Legislatura a la discusión y el debate sobre que hacer hoy para avanzar en prevenir y en mitigar los efectos de futuras inundaciones”, enfatizó.
En cuanto a la ley que aprobará la Unicameral, creando el Fondo de Emergencia para atender los efectos de las inundaciones, Clavijo declaró: “Vamos a aprobar un mecanismo de contratación de obras sin licitación pública, es justo que sepamos cuáles son esas obras y con qué criterio se fijan las prioridades, si son urgentes y necesarias o pueden esperar”.
“Las lluvias torrenciales, producto del cambio en el régimen de lluvias, se transforman en desastres porque las poblaciones se encuentran ubicadas en la ruta del daño”, advirtió.
Al respecto, el legislador del Frente Cívico, hizo hincapié en “revisar los permisos otorgados por la Secretaría de Ambiente para emprendimientos y obras, públicas y privadas que superen las 5 hectáreas y modifiquen pendientes naturales y provoquen desvíos de cursos naturales de ríos y arroyos y embalsamientos de aguas”.
También requirió al gobierno provincial de que no asista financieramente a quienes han construido canales clandestinos para derivar el agua de inundaciones a caminos, parajes, comunas y ciudades o hayan obstaculizado con obras de cualquier tipo los desagües y alcantarillados de las zonas pobladas.
“La actitud de algunos inescrupulosos de derivar el agua de la inundación a zonas pobladas, mediante canales clandestinos, o tapar desagües y alcantarillados de los pueblos para que el agua no vaya a sus campos es criminal, y es injusto e indignante que sean ahora beneficiados con asistencia financiera con el argumento de la ‘perdida” de sus cosechas’”, sentenció Clavijo.
