Ante la designación por decreto en la Corte, el Radicalismo volvió a mostrarse dividido

cobos y alfonsinPaís. Los radicales Julio Cobos y Ricardo Gil Lavedra criticaron la implementación del decreto para nombrar jueces de la Corte Suprema.  También se sumó a las críticas, el diputado Ricardo Alfonsín. Por su parte, el ex titular de la UCR, Ernesto Sanz, defendió la medida, argumentando que es algo “legal y constitucional”. El titular de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, se ubicó del lado de aquellos que defienden la decisión tomada por quien encabeza del Ejecutivo nacional. Sostuvo que “es una atribución constitucional del presidente”.

El senador radical Julio Cobos cuestionó este martes la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema y consideró que el procedimiento adecuado hubiera sido la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para obtener su aprobación.

“(El decreto) es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad”, manifestó Cobos.

“La salida más adecuada es el tema de extraordinarias. A mí no me consultaron nada y si me hubiera preguntado yo no lo hubiera aconsejado en ese sentido”, añadió el legislador mendocino en declaraciones radiales.

Asimismo estimó que cuando los pliegos de los jueces designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti sean presentados ante el Congreso podrían obtener su aprobación, pero también podrían ser rechazados y “en ese caso deberían cesar en su cargo”.

En tanto, el constitucionalista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, consideró a la medida como “insostenible” debido a que, según evaluó, a pesar de los buenos antecedentes los designados “no serán independientes”.

También se sumó a las críticas, el diputado Ricardo Alfonsín, quien opinó que “la manera, aunque sea legal, deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”.

A través de su perfil en Twitter, el parlamentario radical, aclaró que la medida es “legal”, pero la consideró contraria a los valores republicanos.

“¿Actos como estas designaciones en la Corte son los que aconsejan valores republicanos esenciales o más bien los contrarían?”, se preguntó. Por último, acentuó que la discusión por el nombramiento, nada tiene que ver con la “calidad de las personas designadas, a las que, desde todo punto de vista, considero intachables”. 

Algo “legal y constitucional”

sanz y negriPor su parte, el ex titular de la UCR, Ernesto Sanz, respaldó la designación de dos jueces de la Corte Suprema por parte del presidente Mauricio Macri, al considerar que la decisión “es legítima, legal y constitucional”.

“Es legitimo, legal y constitucional. El objetivo es garantizar la gobernabilidad”, enfatizó Sanz, al apoyar la decisión del presidente de Cambiemos.

En declaraciones periodísticas,  el radical sostuvo que Macri “hizo lo que tenía que hacer” y que la decisión de nombrar magistrados por decreto tiene “un argumento político”.

“Decidió no convocar a sesiones extraordinarias porque todavía no se construyeron los consensos”, señaló. En esa línea, Sanz enfatizó que el presidente “utilizó la Constitución bien; absolutamente bien”.

El titular de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, se ubicó del lado de aquellos que defienden la decisión tomada por quien encabeza del Ejecutivo nacional. Sostuvo que “es una atribución constitucional del presidente”.

A su vez, Negri elogió  los antecedentes y la formación de los candidatos propuestos: “Sin perjuicio de la innegable idoneidad de ellos, hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y del consenso hasta el momento del inicio del período ordinario, mientras trascurría el plazo del Decreto 222/03 y se avanzaba en  la búsqueda del aval senatorial.”

“No tengo dudas de que no se están proponiendo nombres adictos a una corriente política, pero los años del kirchnerismo y su manejo frente a la justicia han producido en la sociedad argentina una especial sensibilidad que debemos cuidar entre todos más allá de las facultades constitucionales que se ejerzan”, subrayó.

Para finalizar, enfatizó que “sabemos que la última palabra la tiene el Parlamento y es sano que así sea, por el bien de la República”.