Córdoba. El abogado y titular de la Cátedra de Ética de la Facultad de Derecho de la UNC, Hugo Omar Seleme, presentó este lunes una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el TSJ, por el artículo 17 del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba. Su planteó se basa en la “indeterminación de la pena máxima”. Por su parte, la legisladora Liliana Montero, pidió la comparecencia del ministro Massei para que dé cuenta de los avances para la puesta en vigencia de la normativa que reemplaza al cuestionado Código de Faltas.
“La indeterminación de la pena máxima para el caso de concursos entre infracciones amenaza en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, mi derecho a que las penas de las que puedo resultar pasible se encuentren previamente establecidas por la ley, derecho que se sigue del principio de legalidad de las penas”, argumentó en su presentación Seleme, que cuenta con el patrocinio letrado de la Dra. Nathalie Mousist.
Para el titular del Programa de Ética y Teoría Política de la UNC, la norma en cuestión no fija cuál será la pena máxima para aquellos ciudadanos infractores de más de una falta.
En ese sentido, se refirió a lo que establece el Código Penal que para este caso el máximo previsto es de 50 años. Por lo que le resultó extraño al abogado que el Código de Convivencia de la provincia no precise cuál es ese tope.
“La incertidumbre que amenaza mis derechos es la falta de determinación del máximo aplicable a la sanción a imponerse en el caso del concurso de contravenciones. Esta incertidumbre me impide realizar un pronóstico de eficaz y certero acerca del ‘quantum’ de pena que podría recibir en caso de cometer dos o más infracciones”, advirtió Seleme en los fundamentos de su petición.
A su vez, manifestó que “todas las especies de pena principales (arresto, multa y trabajo comunitario) contempladas en el Código de Convivencia Ciudadana poseen el límite máximo indeterminado”.
“De tal modo no puedo conocer con antelación a través de la ley cuál es el máximo de pena que puedo recibir en el caso de cometer infracciones concurrentes”, apuntó.
Al hacer hincapié en los posibles excesos y la actuación que le compete al Estado, aclaró que “este límite no sólo debe estar determinado en la ley sino que además es una garantía frente a penas excesivas que comprometen mis derechos a la vida, dignidad, integridad física y moral, y la propiedad”.
“Este límite, que el legislador identifica con el máximo legal de cada especie de pena, no se encuentra vinculado a la culpabilidad o gravedad del hecho, sino que se trata de un límite a la actuación del estado”, opinó Seleme.
Críticas al accionar del gobierno
Al considerar como “legítimo”, la acción que llevó adelante el abogado Hugo Seleme, la legisladora Liliana Montero, reiteró su postura a favor de la normativa que sancionó la Unicameral que viene a reemplazar al cuestionado Código de Faltas.
En ese marco, la integrante de la oposición, enfocó su crítica en el proceder del gobierno provincial, al expresar “preocupación” porque el nuevo Código no fue publicado aún en el Boletín Oficial. Esto “denota una falta de voluntad de que la ciudadanía lo conozca”, acentuó.
Asimismo, resaltó que no advirtió “movimientos importantes que deberían haber estado presentes desde el primer día en que asumió el nuevo gobierno”. El cuestionamiento se produce a días de la entrada en vigencia de la norma.
Por este tema puntual y la política de seguridad en general, la parlamentaria opositora demandó la comparecencia del ministro Carlos Massei en la Legislatura, para que brinde precisiones y presente avances en lo que será la aplicación del nuevo Código de Convivencia, a partir del 1 de abril.
Entre sus bondades, Montero destacó: “Es mejor porque la Policía ya no será la responsable de juzgar, disminuye las penas, incluye otras penas como el trabajo comunitario, limita la detención preventiva a seis horas, garantiza el abogado defensor desde el primer momento del proceso, todos hacen a la garantía del proceso que el otro Código no tenía”.
