País (1/6/16). El juez estableció además que se le amplíe el embargo contra el empresario a $800 millones. Es por el ingreso de 33 millones de dólares en títulos de deuda procedentes de Helvetic Group. Por su parte, Ocaña denunció a Casanello «por parcialidad y excesiva demora», en el marco de la causa que investiga al detenido empresario Lázaro Báez.
El juez federal Sebastián Casanello dictó este miércoles un segundo procesamiento por lavado de activos contra Lázaro y Martín Báez, junto a otros imputados en la causa conocida como la ruta del dinero K, y les amplió el embargo sobre sus bienes a $800 millones.
Casanello ya había procesado a padre e hijo por maniobras en la financiera SGI, también conocida por La Rosadita, donde Martín Báez y otras personas fueron filmadas contando dinero y ahora lo hizo por un segundo hecho, al comprobarse el ingreso de 33 millones de dólares en títulos de deuda procedentes de Helvetic Group a cuentas de Austral Construcciones.
Según informó el Centro de Información Judicial, Casanello también procesó por este hecho a Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. Además, pidió a Suiza la extradición de Néstor Marcelo Ramos, quien figura como dueño de la financiera SGI.
Por su parte, la legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, denunció al magistrado «por parcialidad y excesiva demora», en el marco de la causa que investiga al detenido empresario Lázaro Báez.
Ocaña presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño contra el juez federal que, como es de rigor, ahora debe ser analizada por la Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo, encargada de dictaminar sobre los pedidos de juicio político.
La denuncia, ingresada en la mañana de este miércoles por mesa de entradas del edificio de Libertad 731, le atribuye «una excesiva demora» y «parcialidad» al juez federal que tramita la causa por la que, desde el 5 de abril pasado, se encuentra detenido el empresario santacruceño Lázaro Báez.
Así lo informaron a Télam fuentes del Consejo de la Magistratura, quienes detallaron que, en su presentación, la legisladora de Confianza Pública hizo hincapié en que, aun siendo de público conocimiento las notas periodísticas sobre la dudosa procedencia del dinero del empresario patagónico, el magistrado mostró en sus escritos «una manifiesta parcialidad», y una «excesiva demora» en su actuación «desde 2013 hasta 2015».
Al respecto, mencionó una nota del periodista del diario La Nación Carlos Pagni que hizo referencia a una supuesta reunión que el juez Casanello habría mantenido con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner -cuando aún estaba al frente del Ejecutivo- en la que habrían acordado -según la versión del periodista, también mencionada por su colega Eduardo Feinmann- una garantía de impunidad a cambio de dinero.
De hecho, fue ante esas versiones periodísticas que ayer el juez federal Sebastián Casanello se presentó ante el Consejo de la Magistratura, el órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los jueces, para ponerse a su disposición.
Según fuentes del Consejo, el juez concurrió personalmente y pidió a los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación que se labrara un acta en la que quedara constancia de que se estaba poniendo a disposición del cuerpo y en la que pretendía también realizar algunas afirmaciones como descargo ante aquellas denuncias.
Sin embargo, dado que hasta ayer no existía ningún expediente en contra del magistrado, el pedido fue denegado y, a cambio, se le ofreció analizar el tema en el próximo plenario de consejeros, previsto para el 16 de junio.
No obstante, en su reunión de ayer, que siguió al plenario del organismo, la Comisión de Disciplina y Acusación informó a sus integrantes sobre la presentación realizada por Casanello, y también se informó -tal como lo pidió el propio Casanello- que el magistrado no estará en el país entre el 1 y el 14 de junio próximo.
El juez Casanello integra la veintena de jueces argentinos que participará este viernes y sábado en El Vaticano de una cumbre sobre trata de personas y crimen organizado, organizada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.
Además, la Corte Suprema de Justicia autorizó al magistrado, a uno de sus secretarios y al fiscal Marijuan a viajar entre el 6 y el 11 de junio próximo a Suiza en el marco de la investigación del caso Báez, con el fin de destrabar exhortos y recabar información.
En base a la información periodística que circuló en los últimos días, Casanello fue denunciado por el presunto delito de cohecho por el abogado Leonardo Martínez Herrero.
