País (7/6/16). El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la redacción del artículo 85 del proyecto de Ley de Blanqueo de activos no declarados y de pago de las deudas a jubilados. La entidad periodística argumentó que “afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general, y el de libertad de prensa en particular”.
Además, solicitó a los legisladores nacionales que se aprestan a debatir esta iniciativa en las comisiones “a que modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional”.
En su redacción, el artículo 85 prohíbe a cualquier persona difundir o reproducir documentación o información relacionada con las declaraciones de quienes se inscriban en el blanqueo, no sólo a los funcionarios o declarantes intervinientes en el procedimiento.
Además, la iniciativa girada al Congreso por el Ejecutivo, impone expresamente penas de entre un mes y dos años de prisión al extender a los eventuales terceros involucrados en la divulgación de la información, quienes también se verían expuestos a la aplicación de una multa igual al valor de los bienes blanqueados.
En concreto, en su artículo 85, el proyecto gubernamental dice en su último párrafo que: “Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.
Tal como está redactado, Fopea advirtió que este artículo “lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público”.
Por último, reclamó al Poder Ejecutivo y a los legisladores que “excluyan a los periodistas de la restricción aplicada a los funcionarios y magistrados”.
