Córdoba (10/6/16). Luego de conocerse la decisión del fiscal Gustavo Dalma de no hacer lugar al pedido de los legisladores Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio de constituirse como querellantes particular en la causa que se investiga sobreprecio en la construcción de Hotel Casino de Miramar, el juecista salió con los tapones de punta. Quinteros redobló la apuesta al afirmar que van a seguir aportando prueba documental para demostrar la “defraudación a la administración pública”.
«Era de esperar que el fiscal Dalma no hiciera lugar al pedido de constitución en querellante particular de estos legisladores”, expresó el juecista, quien no se mostró sorprendido por la decisión del fiscal actuante en la causa.
“Pero le dejo absolutamente claro al fiscal que vamos a seguir aportando prueba documental para demostrar la defraudación a la administración pública que, conjuntamente con otros delitos, rodean a la obra del Hotel Casino Ansenuza en Miramar”, enfatizó Quinteros.
Tras la resolución judicial, el parlamentario volvió a sostener su denuncia contra el ex gobernador De la Sota que fuera reflejada en una nota en exclusiva para este medio digital (Ver nota. Hotel/Miramar: Ante una supuesta acción judicial de De la Sota, Quinteros redobló la apuesta, denunciando “blanqueo” de dinero para la campaña).
Al respecto, reafirmó que “De la Sota financió parte de su campaña presidencial con el sobreprecio de esa obra y vamos a seguir bregando para que se haga justicia”.
En su avanzada contra el ex mandatario, Quinteros redobló la crítica, manifestando que “a los cordobeses De la Sota nos robó mucho, pero en este caso en particular la indignación es mayor porque la plata de Lotería que fue a parar a ese hotel es la que se le quitó a los niños que se alimentan del PAICOR”.
Claro está que una parte de la Justicia no quedó al margen de los cuestionamientos del opositor. El parlamentario del riñón juecista sostuvo que “algunos estamentos del Poder Judicial de Córdoba están en un estado de descomposición tal que producen repugnancia”.
“Probablemente tengamos que esperar, como en la Nación, que el actual oficialismo abandone el poder para que a los fiscales les agarre un ‘ataque de coraje’ y de una vez por todas los siente donde hace tiempo deberían estar, en el banquillo de los acusados», declaró a Agenda 4P.
Los peticionantes se notificaron este jueves de la resolución del fiscal Dalma a cargo de la investigación por sospecha de delitos vinculados con corrupción en la administración pública en el uso de fondos en la ejecución de la obra del Hotel Casino de Miramar.
El fiscal resolvió “no hacer lugar al pedido de participación como querellante particular de Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros -en su calidad de Legisladores de la Provincia de Córdoba-con el patrocinio letrado del primero de los nombrados de fs. 179/182 de autos, por no reunir los requisitos de admisibilidad establecidos por el art. 91 en función del art. 7 y cc. del C.P.P”.
Quien se encuentra a cargo de la causa, entendió que “independientemente de que los delitos perjudiquen o dañen a particulares, sólo la Administración Pública puede ser considerada como penalmente ofendida; por lo que los presentantes, en cuanto tan sólo serían -de comprobarse el delito- particulares damnificados, no tienen la calidad exigida por la ley para ser admitidos como querellante particular con relación al delito de Malversación de caudales públicos”.
En otro párrafo de su resolución que repasa la jurisprudencia citada por los integrantes de la Unicameral, Dalma argumentó que “los pretensos querellantes invocan su calidad de Legisladores Provinciales para ser considerados parte en el presente proceso, pero ello no los hace portador del bien jurídico”.
“Ello es así, pues no tienen un interés concreto y directo, que los erija en ofendidos, en la calidad requerida por el ordenamiento jurídico. Si bien dicha función los habilita para ejercer todos los actos y atribuciones que le asigna la Constitución de la Provincia de Córdoba (arts. 104 y ss.), no se advierten en los legisladores provinciales, aún con las nuevas incorporaciones jurisprudenciales que amplían el marco de participación como querellantes particulares, mencionado por los pretensos querellantes en su escrito, que tengan dicha calidad”, juzgó.
Atento a ello, en la resolución se advierte que “no corresponde otra solución que rechazar la instancia, pues de lo contrario, se admitiría como parte en un proceso penal a un extraño, con lo cual se menoscabarían principios fundamentales, tales como el de igualdad ante la ley y el de defensa en juicio del eventual imputado o eventuales imputados”.
Nota relacionada. Hotel/Miramar: Opositores piden ser querellantes para aportar pruebas en la causa que se investigan “delitos vinculados con la corrupción”
