Pese a destacar el aporte de $560 millones para este año, Schiaretti afirmó que «no hay medidas milagreras” contra la inseguridad

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Córdoba (18/7/16). Para hacer frente a este flagelo que es el principal reclamo de los cordobeses, el gobierno de Schiaretti ya destinó $225 millones en nuevos vehículos y equipamiento para el personal policial. Este lunes, la provincia anunció una nueva partida de fondos por $335 millones para  ser destinados a la seguridad. El plan incluye la instalación de 600 cámaras en Capital y otras tantas en el interior. Se anticipó que esta semana, el mandatario pondrá en funciones a 1500 nuevos efectivos. También se pondrá en marcha la Policía Barrial.

En el anuncio de más inversión al Plan de Seguridad, realizado en la tarde de este lunes en el Centro Cívico, junto a la plana mayor de la Policía y parte de su gabinete, el gobernador destacó que “es la mayor inversión en un año en la historia de la Policía”.

Pero a  renglón seguido remarcó que para “resolver este flagelo hay que sincerar su complejidad y profundidad”. “También debo decirlo con todas las letras: que este año hayamos hecho la inversión más grande en equipamiento para las Fuerzas no significa que vayamos a resolver inmediatamente el problema de la inseguridad”, enfatizó Schiaretti.

En este sentido, volvió a señal que la “inseguridad es hija de la exclusión social”, por lo que sostuvo que “una solución integral exige un intenso trabajo a nivel nacional para reducir las condiciones de desigualdad social, en tanto “no hay medidas milagreras ni golpes de efectos para resolverla”.

En otro pasaje de su discurso, reafirmó su compromiso en la erradicación del narcotráfico de la provincia, flagelo que contribuye y potencia las condiciones de inseguridad.

“El narcotráfico atraviesa a la sociedad de una manera vertical, pero está generando muchos problemas en los barrios más humildes queriendo sustituir al Estado, además de envenenar a nuestros jóvenes. Pero la certeza que pueden tener es que mientras yo sea gobernador, el narcotráfico no va a ser el dueño de las barriadas humildes”, acentuó.

Al manifestar que nunca va a engañar a los cordobeses y ni esconder los problemas, Schiaretti opinó que con la inversión de $560 millones para este año se está dando “un enorme paso en el equipamiento de la policía para luchar contra la delincuencia, pero esto no significa que vamos a resolver el tema en un abrir y cerrar de ojos”.

20160718_172411También se anticipó que en estos días se incorporarán a la fuerza policial 1500 nuevos efectivos y se pondrá en marcha la Policía Barrial. Sobre este último punto, el ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Massei, aclaró que “va a ser una policía que va a caminar el barrio, que va a conocer a la directora del centro de salud, al panadero, al kiosquero, es decir, una policía más de prevención que de represión del  delito”.

Vinculado a dicha cuestión, también se implementará la organización de consejos de prevención ciudadana, con el objetivo de que los propios vecinos participen en el diagnóstico y la solución de este problema.

Otro de los anuncios relevantes que realizó el gobierno schiarettista es la creación del Observatorio del Delito en Córdoba. Dicho organismo estará coordinado conjuntamente por las universidades, las ONGs y el Estado, y tendrá como objetivo el conocimiento profundo de la realidad cordobesa en concepto de inseguridad.

“Si no sabemos cuánto delito tenemos no podemos combatirlo. Acá lo que no se puede es guardar la basura debajo de la alfombra. Para solucionar los problemas, hay que reconocerlos y enfrentarlos”, aseguró el gobernador.

En tanto, Massei confirmó que del Observatorio se desprenderán datos concretos que posibilitarán tener un mapa preciso del delito en Córdoba, lo cual incluye desde hurto, hurto simple, programado, homicidios y accidentes viales.

Agregó que durante la segunda mitad del año ya habrá datos disponibles que permitirán el diseño de políticas consecuentes y que se accionará de manera coordinada a nivel nacional en el acuerdo de un protocolo de registro y procesamiento de datos consensuado entre Nación y provincias.