País (1/9/16). Con las firmas de senadores opositores y oficialistas el proyecto de ley de acceso a la información, que obliga a los tres poderes del Estado a responder requisitorias de particulares, obtuvo dictamen de mayoría y será debatido la próxima semana en la Cámara alta.
El proyecto de Acceso a la Información Pública, a través de la cual los particulares podrán solicitar y recibir información de los tres poderes del Estado, obtuvo hoy dictamen de mayoría en el Senado Nacional y será debatido en la sesión de la próxima semana, donde se descuenta que será convertido en Ley.
La firma del dictamen se realizó luego de que el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales pasara a un nuevo cuarto intermedio, que nunca fue levantado por el presidente de la primera de ellas, el kirchnerista Marcelo Fuentes.
El oficialismo, con una parte del Frente para la Victoria, pretendía dictaminar sin modificaciones el proyecto venido de Diputados, mientras que el ultra kirchnerismo y una parte del peronismo disidente querían introducir modificaciones.
De ser aprobada la iniciativa, el gobierno de Mauricio Macri estará obligado a brindar la información que cualquier particular le solicite.
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública crea una Agencia de Información Pública autónoma como autoridad de aplicación, integrada por representantes de todas las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad de remoción.
Además, establece como características principales el principio de legitimación amplia: cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.
El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.
En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
Asimismo, establece la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
La iniciativa, en caso de ser aprobada, regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales, sindicatos y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional. (Télam)
