País (19/3/18). La administración Macri relanzó este año parte de su reforma electoral con un debate sobre la necesidad de reformar la ley de control del financiamiento de los partidos políticos, para que rija a partir de la elección de 2019.
El objetivo fundamentalmente de la reforma electoral que impulsa el Gobierno está centrado en la bancarización de los aportes, y permitir el apoyo económico de empresas, ambos temas vetados por la actual norma vigente desde 2006.
Hace menos de un mes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresó que el Ejecutivo mandará este año el proyecto de ley al Congreso, al impulsarla desde un seminario en la Casa de Gobierno con todos los sectores involucrados: ONG, representantes de partidos políticos, de la justicia y del Parlamento, así como también analistas internacionales.
En paralelo, está en el Senado (desde 2016) otra parte de la reforma electoral encarada por el oficialismo, cuya base principal es que se vote a nivel nacional mediante la Boleta Única Electrónica (BUE), y la prohibición de listas colectoras y candidaturas múltiples, temas que encontraron resistencia entre los senadores peronistas, aunque el Gobierno aún aspira que sea tratada por la Cámara alta.
La propuesta a la que se refirió el ministro Frigerio se basa en el financiamiento de empresas a las campañas (con un tope de 3 por ciento del gasto total de cada coalición política); la bancarización de los aportes; sanciones contra el «clientelismo político» y restricciones a la publicidad oficial, así como también la eliminación de los actos de gobierno de los oficialismos tendientes a tratar de captar el voto durante las campañas electorales.
El encargado de la estrategia oficial es el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien, entrevistado por Télam semanas atrás, dijo que con la reforma a la ley de financiamiento se busca que «haya más controles y absoluta transparencia, para que la gente pueda conocer efectivamente quiénes son los que donan dinero para una campaña y para que haya más auditorías por parte de la justicia sobre las campañas».
Aval a la bancarización
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, se mostró de acuerdo con la bancarización de los aportes a los partidos, a fin de «seguir la ruta del dinero», y en esa línea recordó que la Constitución permite las contribuciones privadas a las campañas, dos de los puntos centrales de la reforma a la ley de financiamiento político que impulsa el Gobierno para las elecciones de 2019.
