Córdoba/País (6/10/18). Los cuatro diputados nacionales que integran el bloque Córdoba Federal, comandado por Martín Llaryora y Alejandra Vigo, se pronunciaron sobre la quita de subsidios al servicio público de transporte público que afecta al interior del país. Denunciaron «inequidad» y «discrecionalidad» en las partidas de compensación tarifarias que manejará el Ministerio de Transporte de la Nación según lo prevé el proyecto de Presupuesto 2019.
En su planteo crítico al Ejecutivo nacional, los tres parlamentarios peronistas (Llaryora, Vigo y Cassinerio) y el democratacristiano Juan Brügge, advirtieron que la quita de subsidios al Transporte público «no se correlaciona con una baja del déficit de las cuentas públicas, sino con una utilización de estos fondos provenientes, fundamentalmente, del Impuesto al Gasoil para ahondar la diferencia entre el transporte del AMBA – CABA y el resto de las jurisdicciones provinciales».
Desde el bloque cordobés se sijo que para el año 2019, se han previsto gastos totales por la suma de $72.251,6 millones para el área de Transporte. Esto puede verse claramente en el cuadro del capítulo VIII del Presupuesto que giró el Ministerio de Hacienda al Congreso.
Según se interpreta, el Gobierno nacional proyecta, dentro de los gastos corrientes, las erogaciones destinadas al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que son los subsidios dentro de los cuales se paga al interior.
Pero al mismo tiempo, «mientras dicen eso, en ese mismo Capitulo VIII derogan el artículo 5 del Decreto 652 del año 2002 y concordantes donde se dispone la concreción de acuerdos firmados entre el Estado Nacional y las Provincias. Allí, se estableció la obligatoriedad de incluir en los subsidios nacionales a todas las lineas provinciales y/o municipales afectadas al servicio público por automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones para garantizar la prestación de los servicios dada la emergencia del sector», expresó la bancada cordobesa.
En un documento rubricado por los cuatro diputados opositores, se advierte que «esto permitiría pensar que el Gobierno ‘considera que ya no se está en emergencia’ -hoy más arraigada que nunca-, y que el dinero que se le pretende quitar al interior será aplicado sólo a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, lo que hasta ahora ya se viene haciendo con fondos del Impuesto al Gasoil más recursos del Presupuesto nacional por resultar insuficientes debido a las grandes sumas que se les otorga a las empresas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires».
Ante esta situación, los parlamentarios cordobeses denunciaron que «se pretende sacarle fondos a las provincias para seguir beneficiando a las compañías que tienen la mayor cantidad de pasajeros transportados por kilómetros del país y de latinoamérica. Al tiempo que, en el interior, se recorren más kilómetros con menos pasajeros. Esto hace imperante la necesidad de cambiar la actual realidad».
En su cuestionamiento, el bloque Córdoba Federal, afirmó que «se deja a la deriva de los vaivenes economicos tanto a los Estados Municipales y Provinciales como a las empresas prestarias del servicio publico de transporte del interior. Y lo mas grave: dejan sólos y abandonados a los usuarios del servicio».
En este sentido, los diputados Llaryora, Vigo, Cassinerio y Brügge manifestaron que se está frente «a una flagrante injusticia e inequidad que afecta al Sistema Federal y, en especial, a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros del interior del país, quienes abonan una tarifa evidentemente más cara que la que afrontan, gracias a los beneficios que reciben, los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires».
Por último, los parlamentarios remarcaron que al existir partidas en el proyecto de Presupuesto 2019 destinadas al servicio público de Transporte, «el mecanismo de distribución de las mismas debe determinarse por ley, utilizando coeficientes de coparticipación federal para cada provincia».
Por lo cual, rechazaron que esas partidas se distribuyan «discrecionalmente» (una masa de $72 mil millones) a propuesta del Ministerio de Transporte de la Nación.
