Córdoba. Es por cometer infracciones a la Ley 24.240 y sus modificatorias. Además, por no solucionar los reclamos de los consumidores durante la etapa conciliatoria.
Doce empresas de diferentes rubros fueron sancionadas por un total de 4.700.000 millones de pesos por infracciones a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.
Las sanciones se concretaron al detectarse infracciones a la normativa vigente y tras haber transcurrido la etapa conciliatoria sin haber solucionado los reclamos de las y los usuarios y consumidores denunciantes, señaló la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Las empresas notificadas pertenecen a los rubros: plataformas de viajes y turismo, tarjetas de crédito y sus procesadoras, bancos, fábrica e instalación de piscinas, cadenas de electrodomésticos y fábrica de aparatos de telefonía celular.
Las infracciones más comunes a la Ley 24.240 son al artículo 19 (incumplimiento del servicio pactado), artículo 4 (falta de información), artículo 8 bis (obligatoriedad de los proveedores de bienes y servicios de brindar un trato digno y equitativo a usuarios y usuarias), artículo 12 (servicio técnico inadecuado), y artículo 37 (cláusulas abusivas en los contratos de consumo), entre otros.
Desde Defensa del Consumidor se instó a todos los proveedores de bienes y servicios a que solucionen los reclamos que las y los usuarios y consumidores inician en dicho organismo provincial; ya que en la mayoría de los casos deberían ser resueltas directamente por parte de las empresas.
Daño directo
En uno de los casos recayeron sanciones tanto al comercio vendedor (Frávega) como al fabricante del producto (Motorola Mobility de Argentina S.A.).
En este sentido se impuso a ambas empresas las sanciones previstas en la Ley 24.240, artículo 47 por $500.000 a cada una y la sanción de daño directo prevista en el artículo 40 bis, recayó en forma solidaria a ambas firmas que deberán abonar a la usuaria la suma de $169.899 (valor actual del equipo objeto del reclamo en el mercado).
Se argumentó daño directo e inmediato causado a la usuaria derivado de las infracciones cometidas, incumpliendo la obligación de garantía y de servicio técnico sobre el producto y además, no devolviendo el aparato celular que se le había pedido para ser reparado.
