País. La denuncia incluye además el reclamo por la restricción del acceso a la tutela legal efectiva a quienes expresan opiniones disidentes con el gobierno nacional.
La legisladora porteña Cele Fierro, el dirigente Alejandro Bodart y la legisladora cordobesa Luciana Echevarría (MST en el FIT-Unidad), y la doctora Mariana Chiacchio (CADHU, Centro de Abogades por los Derechos Humanos), denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos.
El partido de izquierda presentó una detallada denuncia de 21 carillas contra el Estado argentino por “restricción y represión del derecho a la protesta social, amenazas a partidos políticos y organizaciones sociales, y restricción del acceso a la tutela legal efectiva a quienes expresan opiniones disidentes con el gobierno nacional”.
“Hace siete meses iniciamos una causa judicial contra el protocolo inconstitucional de Patricia Bullrich. Pasó por nueve juzgados y el último le dio carácter de hábeas corpus, pero la Corte sigue sin resolver la competencia. No hay acceso a tutela legal efectiva, mientras el gobierno aplica el protocolo, reprime, detiene e imputa personas a su antojo sólo por ejercer su derecho a reclamar, como pasó el 12 de junio en la protesta contra la Ley Bases”, afirmó Fierro ante la presentación.
En la misma sintonía, Bodart cuestionó que “el gobierno nacional de (Javier) Milei, (Victoria) Villarruel y (Patricia) Bullrich está intentando cambiar el régimen político vigente en nuestro país desde hace más de 40 años e ir hacia uno claramente autocrático, que avasalla las libertades democráticas para imponer su durísimo plan de ajuste y entrega a palos. Por eso viola derechos básicos, que se suponen garantizados por la Constitución y los tratados internacionales”.
Entre otras medidas, los denunciantes solicitan que la CIDH cite al Estado argentino a una audiencia urgente, remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pida a la justicia local informes sobre las causas contra el protocolo y que libere a las personas aún detenidas por la Ley Bases.
