Ciudad de Córdoba. Desde la Mesa de Atención Permanente del Poder Judicial de Córdoba, confirmaron a Agenda 4P que el concejal Tomás Méndez, realizó la presentación este domingo. El motivo de la misma, se debe a que desde el bloque de ediles del Movimiento ADN, entienden que a raíz de la resolución N° 172 del DEM, se suspendieron los controles en boliches y lugares nocturnos.
La denuncia penal contra funcionarios de la gestión del intendente Ramón Mestre, fue presentada este domingo en Secretaría Penal – Mesa de Atención Permanente del TSJ por parte de Tomás Méndez, en representación de todos los concejales que integran el bloque Movimiento ADN, bajo el patrocinio del abogado Jorge Johnson.
A través de su perfil en Facebook, Méndez, destacó que “luego de analizar en bloque con los seis concejales del Movimiento ADN, hemos decidido presentar una denuncia penal en Tribunales”.
Argumentó que la presentación se deba a que “se suspendieron los controles en boliches y lugares nocturnos poniendo en riesgo a los ciudadanos”. Lo que le cabe a los funcionarios mestristas -según Méndez- el delito de no ejecutar las normativas cuyo cumplimiento les incumbe; en otras palabras, omiten el cumplimiento de sus funciones.
“Esto puede provocar un Comañón y los responsables son los funcionarios (del DEM) que generaron un conflicto por generar un ‘oscuro Ente’”, advirtió el edil de la bancada opositora.
Debido al prolongado estado de asamblea de los empleados municipales que rechazan la creación del ESOP, más el dato sobresaliente de que una inspectora de Higiene y Seguridad Laboral colocó este viernes fajas de clausura en el Tribunal de Faltas, el Ejecutivo municipal resolvió desafectar y suspender “transitoriamente y mientras perdure el estado de asamblea, el ejercicio de todas las facultades inherentes a las tareas de inspectoria”.
Por esta razón, desde Movimiento ADN, se justificó la denuncia, indicando que “frente a un conflicto gremial, la municipalidad dispone que el contribuyente queda desprotegido en lo que hace a la seguridad ciudadana, poniéndose en el peligro su vida, salud y o patrimonio generando un estado de peligro concreto y potencial para la ciudad al omitir el cumplimiento de sus funciones y ordenanzas a las que se debe someter obligatoriamente”.
