Córdoba. La Legislatura sancionó con mayoría oficialista y el apoyo en general del bloque radical, el proyecto de ley que suma exigencias, a las ya existentes, para los conductores de motocicletas o ciclomotor, con la finalidad de combatir los casos de la inseguridad cometidos por “motochorros”, aseguraron desde la bancada de Unión por Córdoba.
La norma aprobada exige el cumplimiento de tres condiciones para la utilización de una moto: la debida colocación “de la placa de identificación del dominio”; que el conductor y acompañante lleven puestos “cascos normalizados, con inscripción visible de la identificación de dominio del rodado” y la utilización de anteojos de protección si el motovehículo no tuviera parabrisas”.
Además, se incorpora un artículo al Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, que señala la “prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria” en motos.
El incumplimiento de las disposiciones por parte del conductor o acompañante, será sancionado con multas que van desde los $125 a $2000, también se fija el arresto con 20 días y el secuestro de la moto.
Desde el oficialismo, el presidente de bloque de UPC, Sergio Busso defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial, destacando que “es una herramienta que va a tener la policía, de poder prevenir y reprimir un delito que sea instalado en el último tiempo”, que implica “una modalidad muy complicada porque tiene una resolución rápida en su accionar, que es lo que se conoce como motochorros”.
La ley tiene un plazo de 180 días para su adecuación, que implica en la práctica no cobrar las multas, pero si generar una campaña masiva de difusión sobre las exigencias y alcances de la norma. Pasado ese tiempo, la policía procederá a multar al que no cumpla.
Cómo votaron los bloques opositores
Desde la oposición, antes de expresar su voto a favor o en contra, dedicaron parte de sus discursos a aclarar que estaban comprometidos con la seguridad de los ciudadanos.
Y que el hecho de votar en contra, como el caso del bloque Frente Cívico, no implicaba desconocer “la demanda de más y mejor política en seguridad”. Y muchos menos “no estar comprometidos”.
“Nuestro convencimiento -aunque puede reconocerse buena intención en la medida- es que la propuesta no va a tener eficacia”. Es una “teoría inocente”, manifestó el legislador Roberto Birri.
Renglones apartes se merece el voto del bloque radical, aprobando en general y rechazando los artículos claves de la norma. Aunque sí compartieron otro artículo que faculta al Ministerio de Seguridad para que realice una campaña de difusión de la normativa, entre otras funciones.
Cabe destacar que a la hora de votar, el radicalismo tuvo en cuenta la situación de los municipios que gobierna. Porque indudablemente esto los alcanzará. Aunque, también, cuestionaron que el proyecto aprobado “no va a terminar con la inseguridad en Córdoba”.
El parlamentario Rodrigo De Loredo (UCR) y su colega de la bancada del Frente de Izquierda Socialista, Liliana Olivero, expresaron sus críticas sobre que la norma sólo persigue fines recaudatorios. De Loredo habló de “impuesto al casco”.
A su turno, el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) no acompañó con su voto la sanción de la ley, argumentando que “a pesar de ser un buen intento de la policía de Córdoba, y que suma, está convencido de que hay que ir al fondo, al núcleo del problema. Lo que hace falta es “profundizar el debate en torno al tema de la seguridad”, indicó.
Piden comparecencia de funcionarios
El bloque de legisladores provinciales de la UCR presidido por Eduardo Yuni, presentó dos proyectos solicitando la presencia de funcionarios de primera línea del gobierno de De la Sota.
Una de las iniciativas, requiere la comparecencia del ministro de finanzas, Mario Ángel Elletore, con la finalidad de aclarar en la comisión de Economía, “el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo con las causas judiciales en las que se investiga la comisión de los supuestos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva por parte del Banco HSBC”, fundamentaron los parlamentarios radicales.
El otro proyecto presentado por los radicales, solicita la asistencia del presidente de EPEC, Osvaldo Simone, a comisión de la Unicameral, para que informe “los motivos de la pérdida de más 250 millones de pesos en los primeros nueve meses del ejercicio correspondientes al año 2012”, entre otros temas.
Desde el bloque del Frente Cívico también aguardan la presencia del titular de EPEC para dar respuesta a pedidos de informes sobre la situación financiera de la entidad.
