Córdoba. El impacto sobre las reservas sería casi nulo, mientras que tendría un efecto parcial sobre la reactivación de la construcción.
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) calificaron al blanqueo de capitales instrumentado por la Nación como “Inequitativo, reñido con la ética y sin efectos económicos decisivos”. El análisis de la ley fue realizado desde la óptica económica y desde la técnica-tributaria por integrantes de las comisiones de Economía y Tributaria de la entidad.
La economista Mary Acosta definió el escenario de deterioro general de la situación económica que impulsa al Gobierno a instrumentar el blanqueo. Hay complicaciones en el frente monetario (desmejoramiento de la relación base monetaria-reservas), empeoramiento del área fiscal, aparición del dólar paralelo y necesidad de restricción a las importaciones para conseguir superávit comercial.
Hay una aceleración “importante” en la tasa de devaluación de este año para no continuar con la depreciación. Hoy el único ingreso genuino de divisas es la balanza comercial, que viene cayendo fuerte. El acumulado a abril de este año es el más bajo de los últimos siete años (US$ 2.462 millones contra US$ 4.794 millones del mismo período del 2012).
En ese sentido, Acosta afirmó que el factor desencadenante es la creciente importación de combustibles, por lo que el rojo del sector este año estaría entre los 5 mil y 7 mil millones de dólares. Respecto a cuántos meses de importaciones se podrían cubrir con las reservas, hoy está en tres meses, “algo por debajo de lo ideal”.
Acosta resumió el impacto potencial del blanqueo con tres escenarios diferentes, si ingresan US$ 2 mil millones; 3.500 millones o 5 mil millones, siempre a través del Cedin.
Para las reservas, en el mejor de los casos, no serviría para llegar a los niveles de un año atrás. En el caso de la inversión a través de la construcción, las tres alternativas tendrían efecto positivo.
Otra posibilidad mencionada por la economista es que Anses intervenga y termine absorbiendo el Cedin con recursos del Fondo de Garantía: “Actuaría como un Banco Central alternativo al poder a salir a fijar precios”.
Análisis tributario
Diuvigildo Yedro y Arturo Zarazaga, de la Comisión de Tributaria del Consejo, subrayaron que la norma tiene los recaudos de legalidad y constitucionalidad, ya que está dentro de las atribuciones del Congreso dictar normas de amnistía y, además, tiene el paraguas del Código Penal.
Yedro, afirmó que en Argentina el 55% de la economía en el país es “informal” (proveniente de la evasión o de actividades ilícitas). En los países desarrollados esa cifra es de entre el 10 y el 15 por ciento.
En una década de aplicación de la ley contra el lavado de activos, en Argentina hay sólo tres condenas efectivas. “Los blanqueos, si bien se aplican cada tanto en todas las naciones, son mal vistos y es probable que nosotros -que estábamos en la lista gris internacional- pasemos a la negra”, manifestó Yedro.
El experto analizó la condición de que quienes se sumen al blanqueo deben renunciar a reclamos judiciales pendientes por ajuste por inflación: sólo el acogimiento implica la renuncia expresa a esas acciones. “Legalmente esto no funciona así, hay que comparecer, renunciar y pagar las costas fijadas”, explicó.
También apuntó que la ley nacional deja abierta la posibilidad de que las provincias reclamen el cobro de impuestos por el blanqueo, así como tampoco, la amnistía alcanza a los tributos aduaneros. Para el fisco provincial ese dinero es Ingresos Brutos. Hasta ahora sólo Chaco y Formosa adhirieron a la norma.
Los bancos, ante cada operación de blanqueo, deberán informarla porque están obligados por las leyes de prevención de lavados de dinero. También los escribanos, síndicos, auditores, intermediarios inmobiliarios directores y los profesionales de Ciencias Económicas deberían dejar constancia en sus dictámenes de que hay “sospechas”.
Entre los aspectos puestos entre signos de pregunta por los expositores se cuentan: una trazabilidad del Cedin “dudosa” porque el endoso es optativo. El por qué los bancos aceptan participar gratuitamente. Si serán las denominadas “cuevas” las que terminen interviniendo en el mercado secundario. Y si los “beneficios” de la amnistía, alcanza a los suscriptores originales o a todos los que vienen por detrás.
