Córdoba. Tras las acciones llevadas a cabo por el Fiscal Federal Enrique Senestrari por la investigación de la causa donde se vincula a policías con el narcotráfico, y las renuncias indeclinables del ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía de Córdoba, el gobierno accionó, enviando a la Unicameral, un proyecto de ley que modifica la norma de Seguridad Pública.
La iniciativa del Ejecutivo provincial apunta a que la designación del Jefe de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico sea aprobada por la Legislatura, previa aplicación del sistema de audiencias públicas.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, Oscar González fue el encargado de confirmar, en primer término, las renuncias de los altos funcionarios del área de seguridad, afirmando que tras el fin de semana, se conocerán los nombres de quienes reemplacen a Paredes y Frías.
Fue más cauto a la hora de valorar el proceder del Fiscal Senestrari, no hubo duras críticas, como las que le propinó el titular de la bancada de UPC, Sergio Busso, el miércoles pasado, al término de la sesión legislativa, calificándolo de militante kirchnerista y de responder a intereses del gobierno nacional.
Luego, vino el anuncio del proyecto y el detalle de los puntos sobresalientes de la iniciativa que modifica el Capítulo Cuarto de la ley 9235 de Seguridad Pública, que hace mención a los Órganos de Conducción Superior de la fuerza policial.
“Se propicia introducir mecanismos que permitan la participación de los representantes de la sociedad en la designación de quién tendrá a su cargo la conducción de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico”, señaló De la Sota, en uno de los párrafos del mensaje de elevación a la Unicameral.
Lo que implicará que deje de ser una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo y que el candidato al cargo de director Antidrogas quede sujeto al mismo procedimiento que se establece para el Fiscal General de la provincia. Esto es: publicación de los antecedentes para que la sociedad pueda evaluar a la persona propuesta, audiencia pública y finalmente, los legisladores deberán prestar acuerdo.
Además, se destacaron dos ejes más del proyecto; por un lado, que dicho cargo podrá ser conducido por un miembro de la fuerza policial o por una persona civil que tenga formación o experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Y el otro punto, prevé que quienes trabajen en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico deberán presentar una declaración jurada de su patrimonio anualmente.
