Córdoba. La legisladora de la UCR, Alejandra Matar, opinó acerca de la declaración de emergencia que realizó la Comisión de Emergencia Agropecuaria y que fue remitida al Ejecutivo provincial para su consideración.
Cabe destacar que lo central de la propuesta elevada al gobernador De la Sota es la postergación del pago del impuesto inmobiliario rural (en caso de tener un 50 por ciento de afectación) o directamente la exención impositiva si se supera el 70 por ciento de la afectación.
“Las inclemencias del tiempo que ocurrieron en la provincia de Córdoba en los últimos meses, han ocasionado daños en la producción agropecuaria de magnitudes nunca vistas, sobre todo en aquellas zonas que se hallan en las cuencas hídricas. Pero no solo las inundaciones han traído perjuicio al sector sino que también se ha visto afectado por el granizo y en muchos casos provocando pérdida total”, comentó Matar.
La ley 7.121 de Emergencia Agropecuaria permite no solo el diferimiento o exención impositiva sino también posibilita implementar, a través de la institución financiera de la provincia (Banco de Córdoba), líneas de crédito, otorgamiento de prórrogas de obligaciones pendientes sin recargo en los intereses, fijar tasas de interés a aplicar en cada caso en concordancia con la magnitud del siniestro.
“Creemos necesario que el gobierno de la provincia tome cartas en el asunto y optimice lo estipulado en el inciso b) del artículo 8 de la mencionada norma, procurando una solución a los productores afectados”, opinó la titular de la comisión de Agricultura de la Unicameral.
“Recurrentemente año tras año se declara la emergencia agropecuaria en la provincia por sequías, granizo, inundaciones, etc. pero, hasta ahora, la solución siempre ha sido diferimiento impositivo y poco se ha hecho con respecto a asistir financieramente a los productores agropecuarios”, fustigó la parlamentaria radical.
