De la Sota rubricó el decreto de Emergencia Agropecuaria

De la Sota firmaCórdoba. La medida es por los anegamientos en zonas rurales provocados por las intensas lluvias. La cartera de Agricultura calculó en 250 mil las hectáreas afectadas.

El mandatario provincial firmó el decreto 147/015 de Emergencia Agropecuaria Provincial. La medida abarca a establecimientos agropecuarios que hayan sufrido las intensas precipitaciones o desbordes de cursos de agua en sus campos.

Desde el gobierno delasotista se aclaró que en esta oportunidad, “la región involucrada no está vinculada a criterios geográficos de división política sino que se utilizará un sistema novedoso que toma las zonas según las cuencas hidrogeográficas”, lo que permitirá incluir a todos los establecimientos perjudicados, sin importar su ubicación.

En ese sentido, se precisó que para la producción agrícola el período que incluirá la medida abarca hasta el 30 de junio del 2015, y para ganaderos y tamberos la medida se extiende hasta el 31 de diciembre del corriente año. No obstante, en caso de persistir los anegamientos se podrá solicitar la prórroga de los plazos previstos.

Hectáreas afectadas

De acuerdo a los últimos informes que ingresaron a la cartera agropecuaria provincial, y en función también de imágenes satelitales, se estima que las zonas perjudicadas abarcan una superficie aproximada a las 250 mil hectáreas.

Ante este panorama, el ministerio llevará adelante un preciso trabajo de constatación de las declaraciones juradas que presenten los productores, expresó el organismo de gobierno, en razón de que accedan a los beneficios de la ley provincial, los establecimientos que realmente hayan sufrido afectación en sus producciones.

inundaciones cordoba camposLas cuencas que se incluyeron dentro del pedido de declaración de emergencia agropecuaria son: el sistema de Obispo Trejo y cuencas menores del faldeo oriental de las sierras chicas, el sistema de Morteros, Río Primero y 52 – Río Salsipuedes, Río Segundo (Xanaes), sistema de Jeanmarie, Río Carcaraña, Arroyo Santa Catalina y el sistema de Canals.

Cabe mencionar que el principal beneficio que otorga la ley de emergencia agropecuaria provincial es la prórroga del pago del impuesto inmobiliario rural (en caso de tener un 50 por ciento de afectación), o directamente la exención si se supera el 70 por ciento.

Además, se están utilizando los datos recabados por la Comisión para optimizar otro tipo de ayuda más directa a los productores afectados, como por ejemplo la distribución de alimento balanceado a ganaderos con déficit de pasturas o forrajes (esto ya se viene realizando desde la ocurrencia de precipitaciones), líneas de asistencia financiera específicas, entre otras acciones.

Durante la jornada de este miércoles, funcionarios y técnicos de la cartera formarán parte de una reunión en el ministerio de Agricultura de la Nación. El encuentro fue programado para que las provincias presenten sus decretos de emergencia agropecuaria, a los fines de que el Estado nacional los homologue.

Esto permitirá que los productores afectados, además de recibir los beneficios provinciales en materia impositiva, también puedan acceder a los mismos beneficios en el orden nacional.

Advertencia juecista

Luego de conocerse la decisión de la provincia de declarar la emergencia agropecuaria, el legislador Santiago Clavijo (FC), opinó que el gobierno  “no debe asistir financieramente a quienes han construido canales clandestinos para derivar el agua de inundaciones a caminos, parajes, comunas y ciudades o hayan obstaculizado con obras de cualquier tipo los desagües y alcantarillados de las zonas pobladas”.

Esa actitud de “algunos inescrupulosos es criminal” y resulta indignante que “los responsables de tamaño atentado contra la vida, el bienestar y la seguridad sean ahora beneficiados con asistencia financiera con el argumento de la ‘perdida’ de sus cosechas”, observó.

En esa línea, el parlamentario indicó que se ha pedido a la secretaría de Ambiente que informe sobre los operativos realizados por Policía Ambiental, identificando a los infractores e informando que acciones han tomado.